El Gobierno español ha vuelto a dejar claro, por escrito y con membrete oficial, que también en materia policial seguirá haciendo lo que le venga en gana, al convertirse en intérprete soberano de la legalidad constitucional y autonómica.

A raíz de los controles de identidad de ciudadanos realizados por la Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en el monte Txindoki, justificados como parte de una operación de entrenamiento en el rescate de montaña, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu preguntó al Gobierno sobre si es usual la participación de guardias civiles en este terreno, teniendo en cuenta que «la competencia de rescate de montaña es propia y exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca».

La respuesta del Gobierno español deja poco lugar a interpretaciones: «En el ámbito de la seguridad pública no existen competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Es más, el Ministerio de Interior se permite alardear de que «el ordenamiento jurídico, y en concreto el propio Estatuto de Autonomía establece la exclusividad (referida en el artículo 17 con el término `reserva') de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para determinados servicios policiales».

Entre estos servicios no se encuentra, en caso alguno, el rescate en montaña, pero el Gobierno asegura que aunque esta actividad no es «usual» en los GAR, la Guardia Civil «se encuentra disponible a estos efectos», bien porque se lo pidan los órganos competentes, «bien a iniciativa propia cuando concurran circunstancias de inmediatez o gravedad».

«Delimitación de servicios»

La delimitación de funciones entre la Ertzaintza, la Policía Española y la Guardia Civil quedó teóricamente aclarada con un acuerdo de la Junta de Seguridad de 13 de marzo de 1989. De hecho, el Ejecutivo de Lakua sostiene que «el alcance de las funciones estatutariamente reservadas a las FCSE constituyó, durante cierto tiempo, una cuestión de primer nivel en el debate político vasco; sin embargo, hoy está plenamente resuelta» con el mencionado acuerdo.

Pese a lo dicho, a lo largo de los últimos años el Departamento de Seguridad viene detallando numerosas actuaciones de las FSE que a su entender invaden competencias de la Ertzaintza. De hecho, el Gobierno de Urkullu y la mayoría del Parlamento de Gasteiz entienden que el número de efectivos que la Guardia Civil y la Policía tienen en la CAV «desafía cualesquiera ratios razonables» de cantidad de agentes por habitante, y más aún tras el cese de la actividad armada de ETA.

Pero en esta materia, como en tantas otras, el Gobierno español es quien tiene la sartén por mango y ha repetido en más de una ocasión que no tiene intención de «adecuar» el número de agentes de las FSE al despliegue de la Ertzaintza, culminado ya hace años, y también que seguirá realizando los controles de carretera (y de montaña) que considere oportunos.

La realidad de la actuación del Gobierno de Madrid en materia policial contradice día a día la teoría del Ejecutivo de Lakua sobre el «carácter central de la Ertzaintza» como «policía integral, titular de la generalidad de las funciones policiales en el territorio de la Comunidad», frente al que las FSE «presentan un carácter marginal», reduciéndose a labores de tipo extra y supracomunitario.

Madrid ha vuelto a recordar que la Ertzaintza no tiene ninguna competencia exclusiva y que las FSE pueden actuar por «iniciativa propia».