Los partidos impulsores de la proposición de ley comparecieron ayer en rueda de prensa para anunciar que ya la han registrado en el Parlamento, para su tramitación por el trámite de «urgencia y lectura única», con el fin de que se pueda aprobar en esta legislatura.

Aunque no precisaron el coste que puede suponer la modificación de la norma, puesto que dependerá de la evolución del empleo y la economía y por tanto del número de beneficiarios, apuntaron que podría suponer un incremento de entre 30 o 35 millones de euros, una cifra, a su juicio, asumible.

Parten de la constatación de que la Renta de Inclusión Social «no cumple su papel» y no atiende al objetivo fundamental que deben tener las instituciones en esta materia que es que «nadie quede en la estacada, que no haya nadie sin ingresos mínimos para tener un techo y sobrevivir», explicó Mauleón.

Según Barea y Pérez, la última norma de Renta de Inclusión Social, propuesta por el PSN a principios de esta misma legislatura, se ha demostrado «restrictiva e injusta» y hay que «cambiarla de raíz».

Al respecto, comentaron que «los intentos de parcheo posteriores no han solucionado la profundidad del problema que planteaba la ley impulsada por la entonces consejera Elena Torres». Recordaron que, después de oponerse a esa norma que fue aprobada con el apoyo de PSN, UPN y PPN, presentaron una proposición de Ley para una Carta de Derechos Sociales que PSN, UPN y PPN rechazaron.

Mauleón remarcó que informes como el publicado recientemente por Cáritas reflejan que esta ley no ha cumplido su objetivo, ya que el 9,2% de los hogares tienen unos ingresos inferiores a la RIS.

Ahora presentan esta modificación que, esperan que salga adelante, y que tiene las mismas motivaciones: defender los derechos más elementales de los ciudadanos y superar unos requisitos restrictivos que no hacen más que provocar más fractura social y aumentar los niveles de pobreza.

Entre los cambios que recoge su propuesta figura la reducción del periodo de empadronamiento de 24 a 12 meses y extender la ayuda a personas mayores de 65 años que no lleguen al mínimo. Su objetivo es «volver a la Renta Básica y mejorarla» de forma que sea «un modelo acorde a las necesidades económicas de Navarra y responda a las necesidades de parte de la ciudadanía que no puede vivir con sus ingresos».