El Tribunal Supremo español trata de blindar ante Europa su aval a la triquiñuela del PP para no contabilizar los años cumplidos en prisión en otros países comunitarios, tal y como plantea una Decisión Marco de 2008. Tras rechazar el recurso presentado por Kepa Pikabea, ayer se conoció el contenido íntegro del fallo. En total, 171 páginas de las que la mayoría corresponden a los cuatro votos par- ticulares de los seis magistrados disidentes -Cándido Conde-Pumpido, Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Ana Ferrer-, quienes defienden que, incluso antes de tomar una decisión, debía de haberse consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Estrasburgo. La mayoría, sin embargo, no ve necesaria la cuestión prejudicial (consultar a Luxemburgo, una especie de Tribunal Constitucional europeo) ni estimar la apelación, dando por buena la treta que el PP incluyó en el Senado cuando se tramitaba la Ley 7/2014, que es la que traspone la normativa europea y que, tal y como reconoció Génova, se incluyó como medida ad hoc para los presos políticos vascos.

La disposición añadida por el PP para que no se acumulen las penas impuestas antes de 2010 termina por convertirse en el principal argumento de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta es la razón por la que justifica el cambio de criterio de la sala, que en 2014 sí que estimó un recurso exactamente igual planteado por Joseba Urrusolo. «Se basaba en una decisión marco no incorporada, que era referente interpretativo, que no normativo, y que ahora contradice la voluntad del legislador», afirma. El problema, como se señala posteriormente en los votos particulares, es que esta aplicación termina por cambiar radicalmente el objetivo del texto europeo. Quizás para curarse en salud ante un previsible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la defensa de Pikabea ya anunció, los jueces aseguran que su decisión «no supone una validación absoluta del contenido íntegro» de la treta del PP.

No se puede obviar que han existido muchas presiones para que el TS diese por bueno este alargamiento de penas y retorciese la interpretación de la ley. Solo así puede entenderse que la mayoría tampoco considere necesaria la cuestión prejudicial que habría servido para aclarar cualquier duda. «La aplicación no impone la obligación de dudar», afirman los magistrados. El problema es que, en este caso, la Audiencia Nacional no se ha puesto de acuerdo -toman decisiones contrarias en los casos de Santiago Arrozpide, Alberto Plazaola e Iñaki Bilbao- y existen seis votos particulares. Algo que, para la sala, solo implica una «legítima discrepancia». Ahora habrá que ver si hay que esperar a Estrasburgo u otros jueces, por ejemplo de la AN, preguntan a Luxemburgo.