Un tribunal de Nueva York ha condenado a la OLP y a la Autoridad Palestina a pagar una indemnización de 218 millones de dólares a las familias de las víctimas de ataques que tuvieron lugar en Jerusalén entre los años 2002 y 2004, durante la segunda Intifada. La cantidad podría triplicarse de acuerdo con la legislación «antiterrorista» estadounidense.

«Si matas o hieres a estadounidenses en un acto de terrorismo, el largo brazo de la Justicia estadounidense irá a por ti», advirtió el abogado de los demandantes al conocer el fallo, que Israel ha aplaudido como «una victoria moral» contra los palestinos.

El mes que viene se cumplirán doce años de la muerte de la estadounidense Rachel Corrie en Gaza, aplastada por un bulldozer del Ejército de Israel, cuya impunidad quedó avalada por el Tribunal Supremo israelí. No ha habido brazo, ni largo ni corto, de la Justicia en este caso. Mucho menos cuando son estadounidenses los autores de las muertes, como la del reportero español José Couso, un mes después de la muerte de Corrie, por los disparos de blindados en Bagdad. La impunidad se ha hecho norma con las decenas de víctimas de los bombardeos con drones estadounidenes en Pakistán o Yemen y consagrada en los acuerdos de despliegue de tropas en Irak y Afganistán, que garantizaron la total inmunidad de los soldados de EEUU.

Pero además del agravio respecto a otras víctimas, el fallo vuelve a recordar la indefensión de Palestina ante las agresiones del ocupante israelí. Todavía decenas de familias pasan el invierno sin vivienda en Gaza tras los bombardeos que dejaron más de 2.300 muertos y 10.000 heridos. Miles de muertos, tierras y agua robadas, colonización acelerada, confinamiento en bantustanes, limitación de movimientos, privación de derechos y persecuciones diarias y generalizadas ante las que no hay tribunal que responda. Y que hacen que Palestina vea urgente ser reconocida para llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional.