El pleno municipal de Gasteiz instó ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y la Fiscalía del Tribunal Supremo a que consideren la posibilidad de abrir diligencias sobre el alquiler de los locales de la calle San Antonio. Un contrato que, tal como dictaminó una comisión de investigación, «va claramente en contra del interés público, por cuanto en la actualidad sigue obligando al Ayuntamiento a un desembolso no inferior al doble del valor de compra».

Asimismo, en un texto acordado entre PSE y EH Bildu, se pide a la Fiscalía que tenga en cuenta los nuevos datos aportados por el Tribunal de Cuentas estatal, que reclama cerca de 440.000 euros al actual ministro de Sanidad y exalcalde de Gasteiz, Alfonso Alonso, y a los ediles que formaban parte de su gabinete en febrero de 2007, cuando cerró el acuerdo con el empresario Gonzalo Antón.

Además, reprueba «firmemente la gestión realizada por Javier Maroto durante los mandatos de Alonso, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde y de concejal de Hacienda. El pleno considera que el primer edil es «responsable de actuaciones y decisiones que ocho años después de abandonar su cargo están mermando las arcas públicas, mediante la perdida de decena de millones».

Entre estas actuaciones figuran la expropiación de terrenos para la creación del parque periurbano de Olarizu, las expropiaciones para ampliar el Centro de Transportes de Jundiz, los sobrecoses derivados de las ampliaciones de Mendizorrotza y Gamarra, el sobreprecio en los chalets bioclimáticos de Ibaiondo, el depósito de tormentas de Jundiz, el alquiler de San Antonio y los pagos por la apertura de los viales de Sidenor.

Así, los ediles de PSE y EH Bildu sumaron sus votos para declarar con rotundidad que tanto el Gobierno actual, como los gabinetes del hoy ministro Alonso, han sido «perjudiciales» para el municipio. «La época en la que fue alcalde Alfonso Alonso y concejal Javier Maroto fue nefasta para la ciudad», destacó el portavoz municipal de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo. En la misma línea se pronunció la edil del PSE Maite Berrocal, que advirtió de que la la gestión del PP ha sido contraproducente para los intereses públicos. El PNV, que también cargó contra el PP, decidió abstenerse.

Por su parte, la teniente de alcalde Ainhoa Domaica acusó a la oposición de recuperar expedientes del pasado por intereses electoralistas.