El sindicato ELA denunció ayer la prohibición por parte del Gobierno español de la visita que una delegación de la central encabezada por su secretario general, Adolfo Muñoz «Txiki», iba a realizar ayer a Arnaldo Otegi en la cárcel de Logroño, algo que calificó de «impropio e inaceptable en una sociedad libre y democrática». En una declaración firmada por el Comité Ejecutivo, ELA explicó que la razón esgrimida por Instituciones Penitenciarias para denegar el permiso es que la visita se anunció públicamente.

«Prohibir la visita a un preso por el hecho de que se haga pública supone una vulneración de los derechos de la persona presa y de quienes, con esa visita, quieren mostrar su solidaridad y apoyo personal», agrega la declaración, en la que el sindicato denuncia que «estos hechos son propios de sistemas totalitarios». «Se impone el silencio a los y las ciudadanos y se castiga a quienes deciden hacer uso de sus libertades», mantiene ELA, al tiempo que anuncia que estudiará si existe alguna posibilidad de solicitar amparo judicial ante este atropello».

Comunicado por la familia

Algunas fuentes señalaron que la visita había sido anunciada en la cuenta de twitter de Arnaldo Otegi que gestionan personas de su entorno familiar. No es la primera ocasión en la que se hace público el anuncio de una visita, en muchos casos con ocasión de la presencia en Euskal Herria de personas referenciales del ámbito político, sin que esto ocasionara la suspensión del encuentro. El pasado fin de semana, el cantante Fermin Muguruza visitó a Otegi en la prisión de Logroño.

Tal y como resaltó la central sindical, «con esta visita, ELA quería mostrar su solidaridad con Arnaldo como con el resto de personas encarceladas en el llamado caso Bateragune» y recordó que «aquellas detenciones realizadas el 13 de octubre de 2009 gozaron del impulso político del entonces ministro de Interior, Pérez Rubalcaba (PSOE)» y que «este partido junto al PP promovió y sigue sustentando un `pacto de Estado', mal llamado antiterrorista, cuyo objeto es evitar un escenario normalizado y de resolución».

Sortu denunció que esta es una muestra más de la política de excepción que se aplica a los presos vascos y lo enmarcó en un intento más del PP de romper los estrechos lazos que unen a la sociedad y los agentes vascos con los presos, utilizando la política penitenciaria.