ELA y LAB hicieron público ayer la lista de casi 400 comités de empresa de Hego Euskal Herria que han firmado la denuncia contra Confebask, porque intentó ilegalizar a ambas formaciones sindicales. A la vez que hicieron públicos los apoyos, las dos centrales sindicales adelantaron que este viernes el Parlamento de Gasteiz debatirá y votará una moción, que presentarán también en la Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La larga lista incluye, por destacar algunas de ellas, a Naipes Heraclio Fournier, Ciarsa, Condesa, Saurnier Duval, Atusa, Mercedes Benz, Aernova, los ayuntamientos de Gasteiz y Laudio, Jez Sistemas Ferroviarios, Envases Metalúrgicos, Inauxa, entre otros, en Araba. En Gipuzkoa, Bosch Rexroth, Fnac, Ayuntamiento de Donostia, Unipapel, Michelin, Ayuntamiento de Usurbil, CAF, Arcelor Mittal Zumarraga, entre otros. Y en Bizkaia Arkema, Gestamp, Ercoreca, Ibermática Norte, Sarenet, Panda Security o Kutxabank, entre otras muchas.

La mayoría sindical vasca afirma que «por desgracia, ya hemos podido conocer cuál es la posición del Gobierno de Gasteiz. Es inaceptable la cobertura política que otorga a Confebask, mostrando su total dependencia respecto de esta misma patronal. Eso es lo que demuestra con la puesta en marcha de la mesa de diálogo social».

Por lo que ELA y LAB solicitan a la Cámara legislativa autonómica que «muestre su compromiso en la defensa del derecho fundamental a la libertad sindical, como una de las partes esenciales que define una sociedad democrática; libertad entendida en sentido amplio, que comprende el derecho de los sindicatos a decidir libremente los medios con que defienden los intereses que le son propios». En segundo lugar, la propuesta a los 75 parlamentarios es que «reprueben la pretensión de Confebask de introducir en el Real Decreto sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales un procedimiento que permita promover la pérdida de la condición de sindicato».

Bajo la excusa de la crisis, según expresaron ambos sindicatos, «los últimos años los diferentes gobiernos han venido tomando decisiones políticas en favor de las élites económicas y en contra de la mayoría de la sociedad». Rechazan ese camino, a la vez que manifiestan que «quieren hacernos creer a los trabajadores y trabajadoras que no existe otro camino y, en este contexto, el único papel que se nos reconoce a los sindicatos es el de dar cobertura social a las decisiones que se toman en favor del poder económico».

Sin embargo, se consideran avalados para presentar las mociones y entienden que los comités de empresa, juntas de personal, delegados y delegadas, entre otros representantes de los trabajadores, «ratifican la posición unánime para denunciar esta posición de Confebask». Remarcan la distancia que los trabajadores han establecido frente a la patronal durante estos siete años de crisis económica. Porque «en Euskal Herria, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de las organizaciones sindicales han decidido no avalar esa posición, habiendo organizado distintas huelgas y movilizaciones». Porque, entienden que, «con esa lucha, con este modelo sindical, hemos sido capaces de dificultar, limitar y condicionar la estrategia patronal». Por el contrario, los representantes de los empresarios «no quieren límites en la desregulación de las relaciones laborales. A ello responde la petición hecha por Confebask para ilegalizar a ELA y LAB, aprovechando la tramitación en Madrid de un Proyecto de Decreto Ley».

Añaden que «nos quieren fuera del mundo del trabajo y ello supone un grave ataque a la libertad sindical». Recuerdan que, aunque Confebask niega haber solicitado esto, «no ha aclarado cuáles son las alegaciones presentadas en Madrid. Así -concluyen- quieren acallar el tema. Sus explicaciones no son suficientes ante su gravedad».