El Juzgado Mercantil número 1 de Gasteiz ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), empresa matriz del fallido proyecto cel coche eléctrico Hiriko, y contra la que ha presentado querella el fiscal jefe de Gasteiz, Josu Izagirre. El órgano jurisdiccional ha abierto, asimismo, la fase de liquidación y ha declarado disuelta la entidad concursada.

El mencionado Juzgado ha dictado un auto en el que acuerda la liquidación de Afypaida, cuyos administradores eran Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio. Estos cuatro empresarios están acusados por la Fiscalía de Araba de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el procedimiento penal que se ha abierto hace unos días.

Al proyecto se concedieron subvenciones de Gobierno español y de Lakua cercanas a los 18 millones de euros.

Según la Fiscalía, estas cuatro personas, junto a otros dos empresarios -Francisco Javier Calera y José Barreira-, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos con «el pretexto» de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko, que finalmente nunca se comercializó.

El Juzgado ha nombrado como administrador concursal al despacho Escobosa y Asociados de Gasteiz. Este administrador es el encargado de comunicar la declaración de concurso a los acreedores, quienes deberán informar de las deudas y créditos pendientes que tiene Afypaida con ellos y, en una fase posterior, se aprobará un plan de liquidación de la empresa.

Afypaida ha solicitado este concurso voluntario al alegar que se encuentra «en estado de insolvencia» y por tanto ha solicitado la liquidación de su patrimonio. El auto precisa que la empresa, que carece de trabajadores, tiene un activo de 3,9 millones y un pasivo de 1,9, pero advierte de que existe una «posible contingencia con la Administración Pública» por importe de 11,3 millones de euros.

Ayudas de los gobiernos

El Ministerio llamado entonces de Ciencia e Innovación otorgó en junio de 2010 y julio de 2011 un total de 14,7 millones de euros en ayudas a través de dos convenios y la Abogacía del Estado ya ha anunciado que se personará en el proceso penal abierto por el Juzgado alavés.

Por su parte, el Gobierno de Lakua, que aportó 2,7 millones de euros, no ve por el momento motivos para personarse porque no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.