En el momento de firmar esta pieza, un operario del Puerto de Santurtzi, de 56 años y vecino de Abanto, era el último fallecido en accidente laboral en Euskal Herria. Moría el miércoles pasado atropellado por una máquina que transportaba contenedores en el muelle. Menos de 24 horas antes, otro trabajador había perdido la vida al caer desde el tejado que reparaba en el polígono Balparda, en el mismo municipio. Tenía 58 años y era su primer día de trabajo. Según las primeras informaciones, no llevaba protección alguna.

Mientras tanto, el aparato institucional del Estado español celebra oficialmente el vigésimo aniversario de la Ley estatal de Preveción de Riesgos Laborales. Incluso antes de los cócteles y los refrigerios, vomitaban cifras y valoraciones –¿quién las distingue?– sobre la incidencia de esta norma. Algunas tan redondas como ésta: «En estos veinte años ha disminuido un 50% la siniestralidad laboral». Ya.

Lo que ha disminuido, y mucho, es el volumen de empleo en general, y del que se localiza en los sectores primario, industrial y de la construcción, los más expuestos a muertes y accidentes, en particular. Y, por el contrario, lo que se ha disparado sin medida es la precariedad, el trabajo de baja calidad, la contratación a tiempo parcial, la inestabilidad perpetua y la inseguridad. Además, la crisis ha servido de insidiosa coartada para esa parte de la clase empresarial sin escrúpulos que sigue considerando el gasto en seguridad laboral más como una inútil carga que como una obligada inversión.

En lo que va de año ya han muerto medio centenar de trabajadores en accidente laboral. Y hablamos de causas recogidas por ley. Porque todavía queda mucho por andar en el terreno del reconocimiento de las enfermedades profesionales ocultas, de los cánceres mortales que tienen su origen en el puesto de trabajo. Se me acaba el espacio y no quiero dejar de citar otro de los principales responsables del grave deterioro de la salud laboral: las mutuas. De ello hablaremos otro día. Sin falta.