El Tribunal Constitucional español suspendió ayer la declaración del Parlament que aprueba las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. No se trata de una iniciativa novedosa, teniendo en cuenta que los 11 magistrados ya anularon el texto que daba inicio al proceso de desconexión y que salió adelante el 9N de 2015. La gran incógnita, sin embargo, estaba en qué harían los togados en relación a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en el punto de mira del Gobierno español, que pidió abrir la vía penal en su contra al tramitar el recurso el pasado viernes. Por el momento, la opción queda abierta. Los jueces dan 20 días a Forcadell para que explique cómo está cumpliendo las decisiones del Alto Tribunal. Se trata de un paso previo a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional después de la reforma aprobada por el PP hace un año.

Aunque en diferido y dentro de un mes, Forcadell no ha eludido el riesgo de ser suspendida de su cargo, que es una de las sanciones incluidas en el nuevo articulado de la ley. Lo que el TC pide ahora es que tanto los miembros de la Mesa del Parlament como su secretario general expliquen en 20 días si la declaración aprobada hace una semana contraviene las sentencias previas del TC. En concreto, la sentencia de diciembre que dejó sin efecto la declaración independentista del 9N y el incidente de ejecución presentado por el Gobierno español y avalado por el TC el 19 de julio. Este es el paso previo para la aplicación del artículo 92, que es el que regula las sanciones. Además de la suspensión de cargos públicos o funcionarios, la reforma del PP incluyó la posibilidad de multas de entre 3.000 y 30.000 euros, la petición de ayuda al Gobierno español para hacer cumplir las sentencias del TC y el traslado del expediente al Fiscal General del Estado, por si considerase que puede abrirse un procedimiento penal. Habrá que ver de qué manera Forcadell y sus compañeros en el órgano rector del Parlament abordan el trámite. Es decir, si alegan que ya están en vías de desobediencia o si, como ha ocurrido en casos precedentes, encuentran un camino alternativo para intentar evitar la sanción del TC.

El resto de la resolución sigue en la línea de lo esperado. Habitualmente, el Alto Tribunal siempre admite a trámite los recursos del Gobierno español y no parecía lógico que fuese a hacer una excepción. La mera aceptación del expediente implica que la decisión apelada se suspenda, así que también entraba dentro de lo esperado que los once magistrados del TC instasen al Parlament a suspender la declaración del miércoles.

Aviso a Puigdemont

Tanto la Fiscalía como la Cámara catalana disponen ahora de 20 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. El texto independentista se mantendrá en suspenso por un período máximo de cinco meses. Cuando los magistrados dispongan de toda la documentación entrarán al fondo del asunto y valorarán qué hacer con la «hoja de ruta» soberanista, en la se incluye, por ejemplo, la celebración de un referéndum para consultar a los ciudadanos catalanes sobre qué relación quieren con el Estado.

La mención al artículo 92 de la LOTC no es la única advertencia directa a cargos públicos catalanes. En su providencia, los jueces también instan a que se notifique «personalmente» su decisión a Forcadell, los miembros de la Mesa del Parlament, el president, Carles Puigdemont y el resto de integrantes del Govern. Además, «se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». Una nueva amenaza que llega en paralelo a la decisión que tendrán que adoptar sobre si el Parlament ya ha desobedecido al TC, que es la tesis defendida por el Abogado del Estado en su recurso del viernes.

Quizás sin tanta espectacularidad como el Gobierno español en funciones querría, el TC sigue adelante con su labor de acoso hacia el proceso soberanista y lo aprobado por la mayoría de parlamentarios catalanes. En un mes, segunda vuelta.

El PP usa su mayoría absoluta en el Senado para mandar al PDC al Grupo Mixto

Con mayoría absoluta en la Mesa del Senado, el PP tenía en sus manos permitir que el Partit Demòcrata Català (la nueva marca de Convergència) pudiese tener grupo propio, pero decidió enviarle al Mixto. Así lo impuso ayer en el órgano rector de la Cámara Alta, donde el PSOE se abstuvo y solo el PNV, que tiene grupo y plaza en la mesa gracias al PP, votó a favor. El PDC había recibido senadores de ERC, EH Bildu y Coalición Canaria para configurar grupo. Ayer anunció que recurrirá la decisión, aunque tiene muy poco margen de éxito. A.P.