Forzada a un exilio interno, Flor Múnera ha regresado a su ciudad, Ibagué, después de 17 años. Lleva dos décadas asistiendo a personas presas por su vinculación con las guerrillas o acusadas de «auxilio a la rebelión». En la entrevista a GARA, denuncia la situación de las cárceles colombianas y, en especial, la de «los presos políticos, a quienes no se trata como personas sino como enemigos internos a los que hay combatir».

La situación actual de los presos ¿es mejor o peor que hace 40 años?

En términos generales es peor, incluso para el propio Comité. Para visitar a los presos necesitamos un permiso de la Dirección General de la Prisión. Durante gran parte del año pasado nos negaron dicha autorización. Desde el año 2000, la cultura penitenciaria ha cambiado un 100%. El Gobierno colombiano firmó un convenio con el Bureau Officer de Estados Unidos para cambiar la estructura de las cárceles, clasificándolas en tres categorías: mediana, alta y máxima seguridad. Las de alta y máxima seguridad son para las personas que el Estado considera sus enemigos, es decir, los presos políticos que reciben el tratamiento de enemigo interno. Además de ser privados de la libertad, les arrebatan todos sus derechos. Tienen graves limitaciones para las visitas familiares, así como para la defensa técnica y jurídica. Por ejemplo, si el preso es natural de Bogotá, una zona fría con temperaturas de 11 grados, los envían a la prisión de Valledupar, donde la temperatura máxima puede alcázar los 40 grados, mientras su familia, su expediente y sus abogados se quedan en Bogotá. Ésta o la de Dorada son cárceles de castigo y tortura, en las que pese a estar situadas en zonas geográficas con temperaturas que oscilan entre los 30 y 40 grados, los presos no tienen acceso al agua ni una hora al día. Es más, pueden pasar cuatro e, incluso, ocho días sin suministro de agua. Esto es tan solo un ejemplo. Construyen cárceles con capacidad para 5.000, 4.000 o 3.000 personas, pero carecen de la mínima infraestructura para mantener a esas personas en condiciones dignas. Ni tienen agua ni fuentes de trabajo. Hay, por ejemplo, hat un taller para 300 presos, cuando en realidad son 5.000. El hacinamiento alcanza el 53%, un porcentaje jamás visto. Han anunciado una reforma de la Ley 65, en virtud de la cual excarcelarán a entre 7.00 y 8.000 presos, pero ¿qué supone eso cuando tenemos 153.00 personas detenidas y el cupo máximo es de 67.000? La situación es realmente dramática. Los presos ya no resisten ese encierro, durmiendo en los pasillos y en los baños. El 27 de enero, 17 reclusos murieron en un incendio en la cárcel Modelo de Barranquilla.

Desde La Habana, las FARC han denunciado la falta de asistencia a los presos heridos de guerra o con enfermedades incurables.

Cuando el Gobierno empezó los diálogos con la guerrilla, el Comité hizo un listado con los presos con heridas de guerra y con enfermedades graves para su eventual excarcelación o para que les mejorasen las condiciones de internamiento con medidas previstas en el marco de la ley como la detención domiciliaria. Pero, nada de eso ha ocurrido; los presos enfermos se han ido muriendo y los heridos de guerra siguen sin recibir el tratamiento médico adecuado. Es tan triste que ni siquiera les facilitan una prótesis o una muleta. Muchas veces, no tienen más remedio que andar ayudados de un palo que les consiguen sus propios compañeros para que se puedan medio movilizar. Desde el inicio de los diálogos han muerto tres presos políticos por enfermedades graves. En las negociaciones se pedía que les dejaran morir en casa y así pudieran gozar de una vida digna al menos en sus últimos días. Pero, les denegaron ese beneficio. En La Habana se dice una cosa, y aquí se hace otra totalmente distinta. Las personas, por más criminales que sean, tienen derechos inalienables como el derecho a la salud, a ser informados, a tener una buena defensa jurídica... Pero desde el Gobierno de Alvaro Uribe, la represión contra los presos políticos ha sido en aumento. Como abogados, no podemos reunirnos con más de un preso a la vez y nos han limitado el número de compañeros que podemos entrar en la cárcel. En la de Dorada, por ejemplo, tenemos 303 presos políticos y solemos viajar 7 abogados porque no permiten que vayamos más. Además, desde que llegamos, a las 8.00 de la mañana, hasta que nos reunimos con el preso pueden pasar entre cuatro y cinco horas, por lo que de esos 300 no podemos atender ni siquiera a 30.

¿Cómo sobrelleva las amenazas?

En 1994 sufrí un intento de desaparición forzada en Ibagué. Dos años después, me abrieron un proceso penal por el delito de «rebelión» y dictaron una orden de detención contra mí. Tuve que exiliarme de mi ciudad, Ibagué, durante 17 años. El 4 de mayo de 1998 me absolvieron. Muchas veces he recibido amenazas directas en las mismas prisiones por parte de personas pertenecientes a grupos paramilitares, que nos han obligado a tramitarles sus peticiones bajo la amenaza de que si no lo hacemos nos esperan fuera. Llevo 15 años dentro de un programa de protección del Gobierno, por lo que tengo escoltas armados y un coche blindado. Pero pese a estas medidas, sigo sufriendo seguimientos de coches o motos sin matrícula. El Comité ha sufrido todas las maneras de represión: desapariciones, exilio, asesinatos, estigmatización... El Comité no es visto como una organización que defiende los derechos de las personas presas, sino como un apéndice de las organizaciones a las que representan. Cuando llegamos a la cárcel nos dicen `han llegado los de las FARC o los del ELN'. Como decimos aquí, confunden al paciente con el médico. Cada vez que salimos de visita a una cárcel, no sabemos si regresaremos. Incluso el Gobierno es consciente del elevado riesgo que entraña nuestro trabajo.