2014/05/06

Corsán tiene cuatro tramos de la «Y vasca» y uno se encareció el 32,22% en dos años

La alta velocidad ferroviaria está bajo sospecha. La operación de la Guardia Civil ayer en Barcelona y Madrid por malversación de fondos afecta, por un lado, a Adif, administradora de la contratación de las obras, y por otro a la empresa Isolux Corsán-Corviam, que trabaja en cuatro tramos de la «Y vasca». Uno de ellos se encareció un 32,2% en dos años después de que la licitación tuviera que repetirse tras la quiebra de otra empresa.

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La operación policial llevada a cabo ayer contra altos cargos de Adif y de la empresa Isolux Corsán-Corviam, que se saldó con nueve detenciones bajo la imputación de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental entre otros por haber concertado una elevación de precios en las obras del AVE en Barcelona, pone bajo sospecha también otras obras de alta velocidad en las que coinciden la administradora oficial que contrata los trabajos y la firma acusada de los delitos.

Cabe recordar que Adif lleva la gestión del ramal que discurre por Araba y Bizkaia y también del denominado «nudo de Bergara». En cuanto a la empresa implicada en la presunta malversación, es en la actualidad la encargada de las obras en los tramos Tolosa-Hernialde y Zizurkil-Andoain, dependientes de Lakua, así como en los tramos Amorebieta/Etxano-Lemoa y Elorrio-Atxondo, que gestiona el Ejecutivo de Rajoy.

Además, como la mayoría de las empresas constructoras que obtienen concesiones de la obra, Corsán-Corviam es un activo colaborador en los actos de promoción de la «Y vasca», como las jornadas que con el título «El Tren de Alta Velocidad en Gipuzkoa. Oportunidades y desarrollo económico» organizó el Gobierno de Lakua en Donostia en noviembre de 2012. Se da la circunstancia de que entre los ponentes inicialmente previstos para aquellas charlas en el Kursaal se encontraba el ahora detenido Rafael Rodríguez Gutiérrez, de Adif, que debía hablar sobre «El tramo Vitoria-Bilbao y la conexión con Valladolid». Finalmente, fue sustituido por otro representante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Un tramo se encarece un 32,2%

De los cuatro tramos que Isolux Corsán-Corviam está construyendo en la CAV, dos dependen directamente de Adif. Uno de ellos es el Elorrio-Atxondo, que tiene un coste de 45,7 millones para 2,6 kilómetros y en el que la firma bajo sospecha es la socia mayoritaria de una UTE más amplia.

Pero más llamativo resulta el caso del Amorebieta/Etxano-Lemoa, que pasó de costar 45 millones de euros en 2007 a 59,5 en 2009. Estas son también las fechas en las que se produjeron los hechos que ahora son objeto de investigación judicial en el AVE de Barcelona.

Adif sacó este tramo a concurso por primera vez en abril de 2007 y fue adjudicado en setiembre de ese mismo año. El presupuesto base de licitación era de 61.280.215,66 euros y fue concedido por 45.004.190,38 euros a la UTE formada a partes iguales por Urazca Construcciones y Corsan-Corviam.

Un año después, setiembre de 2008, cuando ya habían comenzado los trabajos previos de desbroce y drenaje, Urazca entra en concurso de acreedores y Adif resuelve el contrato «por razones de interés general y mutuo acuerdo entre las partes».

En febrero de 2009 el Consejo de Ministros vuelve a sacar a licitación el tramo, esta vez por 64.172.838,99 euros. Es decir, el presupuesto es 2,9 millones mayor. Sin embargo, la concesión se hace en esta ocasión a Corsán-Corviam en solitario y por 59.501.056,31 euros. Esto supone 14,5 millones más que la misma adjudicación realizada menos de dos años antes. Mientras el presupuesto previsto se incrementó en un 4,7%, la adjudicación final se encareció un 32,2%.

Cuando las obras volvieron a iniciarse, la Delegación del Gobierno español en la CAV explicó que tras los problemas económicos de una de las empresas de la UTE «fue preciso realizar una serie de trámites administrativos para la nueva adjudicación, y el definitivo inicio de las obras». En ningún caso habló de cambios en el proyecto que justifiquen semejante incremento del precio.

Por otra parte, el plazo de ejecución previsto fue de 28 meses, que se cumplieron al finalizar 2011. Pese a ello, y tras más de dos años de retraso, el tramo sigue todavía en obras, sin que conste ninguna fecha para que la que se prevea su finalización. Según el Ejecutivo de Lakua, el Gobierno español alega problemas presupuestarios para justificar el descenso del ritmo de trabajo en sus obras y no ofrece ningún calendario de conclusión de las mismas.

Los «juicios de valor»

La empresa Isolux Corsán-Corviam también es la adjudicataria de dos tramos del ramal guipuzcoano licitados en 2010 y 2011 por el Gobierno de Patxi López. El tramo Tolosa-Hernialde, de 3,8 kilómetros, fue contratado por 104,7 millones de euros, y en 2013 se admitió un incremento del presupuesto del 8,62%. La obra corresponde a una UTE que la firma investigada conforma con otra empresa. El tramo Zizurkil-Andoain, de 4,97 kilómetros, tiene un precio de 180 millones de euros e Isolux Corsán-Corviam es parte de una UTE que le une a otras cuatro importantes firmas constructoras.

En ninguno de los dos casos la oferta presentada por estas UTEs fue la mejor desde el punto de vista económico. Para el tramo Tolosa-Hernialde, de quince empresas que se presentaron al concurso, cinco tenían ofertas más baratas. En el tramo Zizurkil-Andoain, de diez ofertas había también cinco más baratas.

En ambos casos, lo que determinó la concesión de las obras a las UTEs en las que participaba Isolux Corsán-Corviam fueron los análisis del proyecto que se puntúan en función de los «juicios de valor» de los encargados de la adjudicación.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cuando analizó diversos contratos del TAV realizados por el Gobierno de Patxi López, ya demandó que dado el alto valor que se concede a la opinión del contratante, «sería recomendable» desgranar esos criterios en subcriterios e indicar la puntuación otorgada en cada uno de ellos a las diferentes ofertas.

Es llamativo que siendo siempre prácticamente las mismas empresas las que concurren a la licitación de todos los tramos, las concesiones finales estén luego tan repartidas. Es como si, pese a la experiencia acumulada, ninguna de las empresas aprendiera a hacer las obras mejor que el resto.

Detenidos altos cargos de Adif por inflar precios de las obras

La Guardia Civil detuvo ayer a nueve personas, entre ellas un responsable de obras de Adif y el director de la línea de Alta Velocidad noroeste, acusados de falsear mediciones en obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y ganar ilícitamente unos seis millones de euros.

Según informaron a Efe fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que tenía a su cargo las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noroeste, Rafael R. (Rafael Rodríguez Gutiérrez), además del delegado en Barcelona de la adjudicataria, Corsán, Marino V.

En la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero pasado, se investiga si directivos de la contratista Corsán se concertaron con cualificados funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos -cinco en Madrid y cuatro en Barcelona- alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsán de unos seis millones de euros.

Además, también se investiga si los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita. Algunas fuentes hablan de viajes de placer a esquiar en las pistas de Aspen en Colorado y a Australia. También de obras en apartamentos particulares.

Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.

También se investiga si la propia adjudicación de la obra al grupo Isolux Corsán -que ayer ofreció su «total colaboración» con la justicia- pudo presentar irregularidades.

En marzo de 2008, la contratista Corsán Corviam, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones de euros frente a los 98,6 millones de euros presupuestados.

En la operación se han practicado en total once registros: seis en distintas sedes de Corsán en Barcelona y Madrid, de la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra, y de Adif, en Barcelona -que proseguía avanzada la tarde- y en Madrid -donde concluyó pasadas las 15.30 horas-, así como en cinco domicilios particulares de los principales implicados.

En los registros, en los que se intervino abundante documentación, los agentes buscaron archivos en los que supuestamente se prepararon los artificios para falsear las mediciones técnicas y posteriormente disimular esta alteración.

También se han buscado los documentos oficiales en los que se plasman estos proyectos, que tendrían que haber elaborado los funcionarios de Adif imputados, ante la sospecha de la Fiscalía de que no se incorporaron al expediente administrativo de las obras, que ya se halla en fase de liquidación final. GARA

AHT GELDITU!. AHT Gelditu! Elkarlana denunció la connivencia entre élites políticas y grandes constructoras del cemento en la realización del TAV. Hablan de un «gran reparto del pastel» cuyas dimensiones no se conocen por la opacidad existente.