El Departamento de Salud del Gobierno de Lakua pagó al Grupo Noticias 17.569,20 euros por reportajes que se presentaban como informaciones de los diarios sin advertencia alguna de que se trataba de publicidad institucional. Se trata de un proceder que va contra la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, al margen de las consideraciones deontológicas por parte de los diarios.

Precisamente ayer, minutos antes de que UPyD diera a conocer los nuevos datos, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, compareció ante la comisión correspondiente del Parlamento, para dar explicaciones por el pago de 20.415,64 euros al mismo Grupo Noticias por la publicación de una mesa redonda sobre la Lomce. Uriarte justificó su actuación el pasado viernes en el pleno, pero ayer comunicó a los grupos que no volvería a actuar de esa manera. Varios partidos le exigieron que pida a los diarios la devolución del dinero porque la mesa redonda fue parcial.

Gripe y Urgencias de Urdaibai

A la hora y media de que se acabara esa comparecencia, UPyD hacía pública otro caso de pago por informaciones en el mismo grupo, esta vez por encargo del Departamento de Salud.

Según la respuesta remitida por el consejero Jon Darpón al Parlamento, el Gobierno encargó a Editorial Iparragirre la «elaboración e impresión de diversos reportaje» que según el contrato adjunto pretendían «la difusión de servicios del Departamento de Salud».

El primero de esos reportajes llevaba por título «tenemos un servicio sólido para las urgencias de Urdaibai y Lea Artibai» y se publicó en «Deia» el domingo 27 de octubre de 2013 al precio de 1.597,2 euros. Se presentó como un balance de la primera semana de la apertura del servicio. Otro reportaje de pago hablaba de «más días de vacunación de la gripe por el buen tiempo» y se acompañaba de una entrevista con Enrique Peiró, jefe de programas de Salud Pública de Osakidetza. Lo llamativo es que en este caso cada pieza se cobró por separado, al precio de 3.194,4 euros por pieza en cada periódico del grupo. En total el Gobierno pagó 17.569,20 euros por estos reportajes.

La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe utilizar el dinero público para hacer «autobombo» de la entidad que paga y especifica que las campañas deben identificarse claramente como tales. No ocurrió así ni en el caso del Departamento de Salud ni tampoco en el de Educación.