Ramón SOLA DONOSTIA
Indicios de corrupción en instituciones vascas

Bidegi pagó 30 millones más por 88 retoques a seis días del relevo foral

La facturación falsa del traslado a un depósito de 900.000 metros cúbicos de tierra puede ser solo la punta del iceberg de lo ocurrido en la AP1. El actual director de Carreteras, Joseba Altube, desveló ayer que entre abril y junio de 2011 se pasó a aceptar un aumento de pago de 30 millones, justo lo mismo que había reclamado en vano la UTE antes, inflando 88 conceptos, entre ellos el de la tierra. Markel Olano y Eneko Goia tampoco supieron explicar el misterio.

El protagonismo en la sesión de ayer de la comisión de investigación sobre la AP1 estaba destinado al anterior diputado general, Markel Olano, y al que fue su diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia, pero mucho de lo dicho por la mañana se quedó antiguo tras la comparecencia vespertina del actual director de Carreteras, Joseba Altube. Acompañado por, Larraitz Ugarte, diputada, Altube desveló que no solo está bajo sospecha el misterioso asunto de los 900.000 metros cúbicos de tierra, sino que en junio de 2011 se pagaron a las constructoras 30 millones de euros más de lo previsto, y 20 de ellos se justificaron con 88 modificaciones de última hora, incluida la relativa a los inverosímiles traslados de tierra al depósito de Basagoiti 2.

El relato de Altube dio así más concreción a las insinuaciones lanzadas por la Diputación estas últimas semanas sobre la opción de ampliar la querella. El director zanjó el asunto de la tierra mostrando informes anteriores que avalan que nunca estuvo en Basagoiti (algo que ya nadie discute) y añadiendo que es absurdo decir que pudo usarse para tapar túneles (versión improvisada ahora por el PNV) porque eso ya está facturado aparte. Más allá de este capítulo concreto, detalló Altube que en abril de 2011 la dirección de obra había rechazado la demanda de la UTE de 30 millones más por las obras. Pues bien, dos meses después, a solo seis días del relevo en la Diputación, se firmó la liquidación investigada, y en ella el precio final crece en 30,8 millones, es decir, «algo más de lo que pedía el contratista».

Mirando el desglose de esta desviación final, la Diputación ahora dirigida por Bildu constata que 10 de los 30 millones antes rechazados se aceptaron, y los otros 20 se introdujeron inflando 88 partidas «por encima de lo que ya había firmado el propio contratista», algo que Altube considera insólito. «Puede haber un error, como nos decían con la tierra, pero ¿88 errores?», se preguntó Larraitz Ugarte.

¿Qué se concluye de todo ello? Para Altube, «que alguien con la suficiente potestad decidió que esa obra había que cerrarla así».

Olano y Goia

Por la mañana, Olano y Goia habían pintado un cuadro totalmente diferente, en que la UTE y Bidegi se enfrentaban a brazo partido para liquidar una obra que había sido «un auténtico quebradero de cabeza» en palabras del exdiputado del ramo.

Ambos, cabezas de lista del PNV en Gipuzkoa y Donostia respectivamente, usaron una misma estrategia: poner todo el énfasis en situar el caso como un ataque político al PNV y hablar lo menos posible del asunto concreto que se investiga. Ni uno ni otro aportaron a las Juntas de Gipuzkoa una tesis concreta sobre por qué se facturó el traslado al depósito de esos 900.000 metros cúbicos de tierra y dónde están realmente.

Solo en un momento concreto de su segunda intervención, Eneko Goia dijo sentirse convencido de que se encuentran «en la obra». Algunos responsables que comparecieron el viernes expusieron como hipótesis que fuera depositada en los márgenes de la carretera o que se llevara al depósito pero luego fuera sacada para rellenos. Altube dijo que ha hecho cuentas y que en ese supuesto «hubiéramos tenido un camión subiendo y otro bajando de Basagoiti cada cuatro minutos».

Uno de los imputados ha argumentado en el Juzgado de Azpeitia que la alusión al depósito en la liquidación pudo ser «un desliz». «Yo no sé si hay un error o no -dijo Goia-, lo que tengo muy claro es que no se ha pagado por cosas que no se han hecho, porque tengo la máxima confianza en Borja Jauregi» (entonces presidente de Bidegi, fallecido el pasado año).

Olano comenzó en tono muy alto, acusando a la Diputación de «manipular documentos» y a la izquierda abertzale de practicar el «matonismo político». Una vez lanzados esos titulares, luego matizó bastante más, indicando por ejemplo que la queja que tienen hacia la actual Diputación es que «se ocultan documentos importantes y se ponen en primer plano otros parciales».

En paralelo, el ex diputado general defendió que el Juzgado de Azpeitia «solo ha abierto una investigación». Goia, por su parte, argumentó que el consejo de administración de Bidegi aprobó la liquidación de 2011, incluidos los consejeros nombrados por el PP. Su portavoz, Iñigo Manrique, le replicó tajante: «Se votó en función de lo que nos dijeron, pero ahora sabemos que no era verdad, que Basagoiti no estaba lleno».

Olano y Goia no respondieron a algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, por qué no se han querellado contra la actual Diputación si realmente consideran que ha mentido y manipulado documentos. Tampoco dijeron por qué han permanecido mudos estos meses. Paradójicamente, los responsables del PNV aseguran que tanto la querella como esta comisión de investigación han sido presentadas al final de la legislatura con el objetivo de que no se pueda aclarar nada «antes del 24 de mayo», pero no han dado una sola explicación sobre el asunto de la tierra desde que se conoció la primera denuncia de la institución foral. Y de eso hace ya más de cuatro meses.

Iban Asenjo (Bildu) explicó que en realidad «esto es bastante fácil de entender: ¿dónde está esa tierra?». Manrique (PP) añadió que para trasladarla se debieron mover 100.000 camiones: «Puestos en fila, se podría ir saltando de Irun a Cádiz». Pero para Olano y Goia, todo se reduce a una campaña de la izquierda abertzale. Citaron más de media docena de veces que Joseba Permach les ha señalado directamente como responsables políticos del caso: «Eso es puro matonismo político y nosotros le vamos a hacer frente también políticamente».

«`Lo comido por lo servido' ni es normal ni vale para Bildu»

A la espera de las conclusiones de esta comisión de investigación y de lo que ocurra en el Juzgado de Azpeitia, durante los interrogatorios de ayer ya se fueron puliendo algunas convicciones sobre qué pasó en la AP1. La primera en esbozarlas fue Maite Sarasua (Aralar), que se preguntó si acaso hubo «un pacto» entre las constructoras y Bidegi que se intentó luego vestir con partidas como la del traslado de la tierra. Una impresión coincidente con la de Ibon Asenjo, el portavoz de Bildu. Y obviamente negada de modo tajante por Olano y Goia.

Ya por la tarde, en esta misma dirección apuntó Larraitz Ugarte. Consideró que en esta liquidación imperó el criterio de «lo comido por lo servido», pero que ese tipo de política «no es normal» y no vale con el Gobierno de Bildu.

El relato hecho por Altube sobre los avatares de la liquidación había sido muy clarificador. El director de Carreteras dijo que de la lectura de algunos documentos se desprende la sensación de que aquello era «puro mercadeo persa», en el que las constructoras reclamaban aumentos a Bidegi sin un detalle riguroso de los motivos. Altube concluye que la dirección de obra hizo una labor correcta de control del dinero público y en consecuencia denegó muchas solicitudes que no estaban acreditadas. Pero todo cambió en el último momento, por lo que considera que tuvo que intervenir alguna instancia superior.

Aquí es donde cobra importancia el email que mostró Asenjo (Bildu), en el que un constructor se queja de que se le había instado a hablar «con los políticos» para elevar el precio de liquidación. «¿Eran ustedes `los políticos'?», preguntó a Olano y Goia sin encontrar respuesta. El candidato a alcalde de Donostia se salió por la tangente indicando que «yo no tengo costumbre de andar escrutando correos electrónicos de otros».

Quien emplazaba al constructor a dirigirse a los políticos era Agustin Zugasti, entonces director técnico de Bidegi y uno de los tres imputados en el Juzgado de Azpeitia. Dada su condición, ninguno de los tres ha comparecido en esta comisión de investigación.

EH Bildu ve «vergonzoso» el silencio sobre Iruarrizaga

EH Bildu califica de «vergonzoso, inaudito e inaceptable» que la Diputación de Bizkaia siga sin ofrecer explicaciones a las informaciones que apuntan que el actual diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, compatibilizó responsabilidades en varias empresas del grupo Urazca con su cargo público.

Tras la revelación ayer en GARA de que el diputado «no se ha dado de baja de empresa Igurco Gestión S.L. y sigue siendo apoderado del mismo», EH Bildu señala que se incumple la norma sobre incompatibilidades. Y recuerda que al grupo empresarial Igurco le ha sido otorgada una «multitud de contratos desde el año 2004 hasta la fecha» y «varias fueron otorgadas por la sociedad foral mercantil Bizkaiko Bideak, dirigida por el propio Iruarrizaga».

Por todo ello, ve «indispensable» que la Diputación aclare estos extremos y pregunta «por qué estimó la Diputación que no existía incompatibilidad entre el cargo de Iruarrizaga y sus responsabilidades en empresas privadas».