«¿Cuál fue la razón que motivó a la Abogacía del Estado a mentir en este caso? ¿Mintió en algún otro de los razonamientos expuestos en la Corte de Estrasburgo?» Estas son dos de las preguntas que el portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados ha dirigido al Gobierno español para que responda por escrito, tras conocer que la representación del Ejecutivo español había incluido como argumento en favor de la doctrina 197/2006 que en caso de derogarse serían liberados «terroristas sin rehabilitar» como el miembro del GAL Ismael Miquel Gutiérrez, realmente en la calle ya desde 2002, como desveló GARA el viernes.

En la sesión que la Gran Sala del TEDH celebró el 20 de marzo de 2013 para ver el recurso presentado por el Gobierno español contra la libertad de Inés del Río, uno de los 17 jueces se dirigió a la representación española para preguntar por la situación en la que se encontraba en aquel momento la presa vasca y los efectos que tendría la derogación de la doctrina 197/2006.

El encargado de responder fue Francisco de Asís Sanz, que contestó que «saldrían a la calle numerosos terroristas y violadores que todavía están sin rehabilitar». Enumeró estos presos, señalando que se trata de «54 terroristas de ETA y siete del Grapo» y dudando sobre si calificar o no como «terrorista» al único miembro del GAL de su listado (Ismael Miquel Gutiérrez). Además, incluyó a catorce presos comunes, «uno de ellos condenado por 74 violaciones», según informó el enviado especial de GARA, Martxelo Díaz.

El objeto de la descripción era incidir en la «alarma social» que crearía la excarcelación de tantos «criminales sin rehabilitar». Pero el caso es que el único supuesto preso del GAL mencionado por el Gobierno disfrutaba del tercer grado desde 2002, por lo que salía diariamente de prisión, y dos semanas antes de que fuera mencionado en Estrasburgo se encontraba ya en libertad con vigilancia telemática. El propio Ismael Miquel Gutiérrez lo confirmó a GARA en conversación telefónica.

Miquel Gutiérrez fue responsable de la muerte en 1985 de Robert Caplane en Biarritz, a quien confundieron con un refugiado vasco. Al ser desarticulado el comando del GAL con el que operaba, huyó, siendo detenido en Tailandia en 1986 por tráfico de heroína. Fue extraditado para cumplir en el Estado español 40 años por narcotráfico. En 1997 fue juzgado por la muerte de Caplane y su pertenencia al GAL, siendo condenado a 65 años. El Tribunal Supremo refundió ambas penas. Cuando se introdujo la doctrina estaba en tercer grado, por lo que volvió a la cárcel en un corto periodo antes de recuperar su situación anterior.

Más preguntas

Además de los motivos por los que se mintió a la Corte de Estrasburgo, Xabier Mikel Errekondo pregunta también «cuál es la razón por la que los condenados por `guerra sucia' han tenido un trato más benevolente que personas en prisión por delitos similares y han cumplido una mínima parte de sus condenas». Y por qué «los mercenarios del GAL han cumplido mayor pena que los representantes políticos y funcionarios» condenados por los mismos motivos.

La última pregunta de Amaiur guarda relación con la campaña puesta en marcha la pasada semana por UPN y PP y se refiere a «si ha valorado el Gobierno promover declaraciones de personas non gratas contra los condenados por la guerra sucia en sus localidades de residencia».

El Gobierno dispondrá de veinte días para responder tras tramitarse la pregunta.