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Madrid

Yolanda Barcina se declara «agredida» y los acusados niegan haber estado en Toulouse

La Fiscalía y la acusación particular mantienen las peticiones de entre 5 y 6 años de prisión para Mikel Álvarez, Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ibon García, los cuatro integrantes del colectivo contra el TAV Mugitu! juzgados en la Audiencia Nacional española acusados de estampar tres tartazos en el rostro de la presidenta navarra, Yolanda Barcina, en octubre de 2011.

Los cuatro procesados, en el banquillo de los acusados. (POOL/EFE)
Los cuatro procesados, en el banquillo de los acusados. (POOL/EFE)

«Lo que reclamo es Justicia ante la agresión que sufrí». Así ha finalizado Yolanda Barcina, presidenta de Nafarroa, su declaración ante la Audiencia Nacional española, donde se ha juzgado a cuatro activistas de Mugitu! por, supuestamente, propinarle tres tartazos para protestar contra la construcción del TAV durante un acto celebrado en Toulouse el 27 de octubre de 2011. Estos, sin embargo, han negado encontrarse aquel día en la localidad occitana. La Fiscalía y la acusación particular solicitan penas de entre 5 años y 6 años y tres meses de prisión para Gorka Ovejero, Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Alvarez, mientras que la defensa aboga por la libre absolución. La sala, presidida por Fernando Grande-Marlaska, se completa con Manuela Fernández y Nicolás Poveda.

«Vi a unas personas bien vestidas, con buena pinta, que se acercaban. De repente, uno de ellos se avalanzó, sacó lo que parecía una tarta y me hizo mucho daño», ha comenzado su relato Barcina, que ha puesto especial énfasis en hacer referencia a «los golpes», la «agresión» y ha llegado a utilizar en una ocasión la palabra «atentado». También se ha ratificado en las dos denuncias presentadas tanto ante la Audiencia Nacional española como ante la Policía foral. No obstante, ante las preguntas de los abogados, Barcina ha reconocido que ni siquiera se quedó en la localidad occitana para poner denuncia, sino que partió posteriormente hacia Iruñea. También ha tratado de esquivar las referencias hacia la contestación social que se registra en Nafarroa contra el TAV.

«Cosa juzgada»

Los cuatro acusados, por su parte, han negado haber estado en Toulouse el día en el que se produjeron los hechos. Todos ellos han señalado que son amigos, que han participado en diversas movilizaciones contra el TAV y han considerado que el proceso constituye un intento de «criminalizar» las protestas contra la infraestructura.

Gonzalo Boyé, abogado de los procesados, ha planteado que «estamos ante una cosa juzgada» ya que la justicia del Estado francés decidió no seguir adelante por entender que los hechos carecían de entidad. Además, ha insistido en que no se ha probado que los imputados estuviesen en Toulouse la jornada en la que Barcina recibió los tartazos, sino que esta es una conclusión posterior de la Policía foral. «Veremos a la Policía foral poniendo multas en Madrid», ha ironizado. «Las acusaciones pretenden que la Audiencia Nacional se convierta en un tribunal iraquí», ha indicado, recordando el caso de Muntaser Al Ziadi, el periodista condenado a tres años de cárcel por lanzar sus zapatos al expresidente estadounidense, George W. Bush, durante una comparecencia en Bagdad.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

La petición fiscal oscila entre los 5 años y 6 años y tres meses de cárcel por unos hechos que tuvieron lugar el 27 de octubre de 2011 en la ciudad de Toulouse (Estado francés) durante una reunión del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en la que Yolanda Barcina iba a asumir la presidencia de dicho organismo.

Ocho activistas de Mugitu! subieron al estrado presidencial mostrando carteles contrarios al Tren de Alta Velocidad y explicaron en francés las razones de su oposición, al tiempo que arrojaban octavillas explicativas de la acción y coreaban consignas. Tres de ellos estamparon sendos tartazos de merengue en el rostro de la presidenta navarra, mientras que el cuarto era quien desgranaba los motivos.

Pero lo que en otros estados se suele saldar, en el peor de los casos, con una sanción administrativa en forma de multa –los activistas anti TAV franceses que participaron en esta protesta han visto cómo se archivaba el expediente– al sur del Pirineo desembocó en sendas imputaciones por «atentado contra la autoridad».