El acuerdo de gobierno entre PNV y PSE, difundido por el grupo Vocento, recoge en su apartado sobre ‘Convivencia y derechos humanos’ siete compromisos sobre «final ordenado de la violencia», víctimas, memoria, política penitenciaria, «retos emergentes», cultura de convivencia y «diálogo y acuerdo».

En el primer apartado se comprometen a impulsar una propuesta sobre «desarme definitivo y para la disolución de ETA» que recoja un «calendario de desarme definitivo que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución».

En materia de víctimas, trabajarán para que «todas las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización» y para que se desarrolle la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas aprobada en julio por el Parlamento de Gasteiz, recurrida por el Gobierno español.

También abogan por crear en la Cámara autonómica una ponencia específica sobre Memoria y Convivencia e inciden en el compromiso con «una memoria crítica» sobre el pasado.

En cuanto a la política penitenciaria, reclaman la transferencia de las competencias a la CAV y proponen una «reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y favorezca el acercamiento de presos».

En esa línea, PNV y PSE acuerdan presentar sendas proposiciones no de ley en el Congreso español y en el Parlamento de Gasteiz que respalden la citada propuesta e «insten al consenso en esa materia» al Gobierno español y al de Lakua.

Por último, el acuerdo hace una mención a preocupaciones "emergentes" en el ámbito de la convivencia y el respeto a los derechos humanos, como las personas refugiadas, las migraciones, la pluralidad religiosa y cultural o las nuevas formas de exclusión e injusticia.