Agustín GOIKOETXEA

BILBO, EN LA ENCRUCIJADA DEL CAMBIO O EL CONTINUISMO

Bilbo afronta un cambio de ciclo y la afirmación no es una licencia literaria. Mucho se ha transformado la villa desde 1999 cuando el ya desaparecido Iñaki Azkuna accedió a la Alcaldía, tanto en la coyuntura general como en los retos que afronta la ciudad más poblada del país. A pesar de ello, quizás debido a otros factores ajenos a la realidad del Botxo, sorprende la escasa renovación en muchos de los proyectos políticos que concurren a estos comicios, tanto en sus cabezas de cartel como en sus programas específicos.

Suena a discurso manido, pero es cierto que la capital vizcaina se encuentra ante una encrucijada. Los grandes proyectos de desarrollo urbanístico siguen siendo un banderín de enganche para quienes han ido avalando la política que se ha ido materializando desde 1991, primero de la mano de Josu Ortuondo (1991-1999) y después por Iñaki Azkuna (1999-2014), estando en ambas como alma mater, en su condición de arquitecto, quien abandonará la Alcaldía tras su paso accidental por ella: Ibon Areso.

Pero no todas las infraestructuras o desarrollos urbanísticos son prioritarios, o así se deja entrever. El viaducto de Sabino Arana se derribó por la presión ciudadana abriendo el camino para que se suture la gran brecha que separaba a Basurto e Indautxu, aunque también aquí se extiende la sombra de la especulación sobre algunos solares que ahora han adquirido mayor valor en el mercado.

Mientras, Errekalde mira con envidia sana a sus vecinos, aguardando a que Diputación y Ayuntamiento salden una deuda histórica con un barrio que han modelado sus propios habitantes. Los terrenos para trazar la variante ya están, también la alternativa de desviar el tráfico a través de una Supersur con escasa circulación. No se quedan a la zaga en sus demandas Basurto e Irala, que insisten en exigir de las administraciones que acaben con el cubrimiento de las trincheras ferroviarias y su urbanización para darle un uso. Olabeaga aguarda al acuerdo político interinstitucional, pero temerosa de que primen las plusvalías y no el rédito social.

Los estrategas del discurso oficial lo tienen claro: los nuevos retos de la política del ladrillo para las dos próximas décadas son la futura isla de Zorrotzaurre y Punta Zorrotza. Tampoco obvian otras operaciones pendientes en Bolueta –donde no acaba de aclararse cómo será el tramo Miraflores-Ibarsusi de la Variante Este– y el entorno de San Mamés-Basurto, la primera ligada a la edificación de vivienda en una zona inundable junto al cauce del Ibaizabal. En la segunda, se combinan distintas infraestructuras universitarias, una de ellas la nueva Facultad de Medicina y Enfermería asociada al centenario hospital, con la construcción de más viviendas y la nueva estación de autobuses.

La nueva Termibus será soterrada, pero al descubierto queda un modo de gestión que delega en las constructoras y los bancos su ejecución a cambio de levantar en superficie un nuevo hotel y área comercial, cómo si en el Bilbo que cree en torno al Museo Guggenheim no hubiera suficiente oferta.

La queja no solo proviene de quienes desde la década de los 90 cuestionaron el modelo de ciudad que se pretendía desarrollar, ligado a los servicios y por tanto al consumo. La crisis ha dejado al desnudo sus carencias, aunque algunos se esfuercen en destacar el repunte de una actividad económica que la mayoría social no percibe en el día a día. Los puntos flacos de la ciudad volcada en el turismo ya se conocen, pero lo que se ha agravado es la situación de desigualdad entre aquellos sectores más vulnerables, bilbainas y bilbainos de a pie a los que se invita a optar por una u otra oferta electoral.

El futuro de la hostelería y el comercio tradicional está también en entredicho. El Gobierno municipal del PNV, pero también desde la bancada de la oposición PP y PSE, ha hecho apología de la libertad de horarios, enfrentándose a quienes defendían los derechos laborales más básicos, y se ha potenciado la apertura indiscriminada de franquicias y locales de hostelería vinculados a un turismo efímero que perjudica a los negocios tradicionales y que solo genera empleo precario. Por ejemplo, en el Casco Viejo uno de cada cuatro comercios ha cerrado, situación que se ha agravado en los últimos tiempos por la finalización de los contratos de alquiler con rentas antiguas. Comerciantes, hosteleros y vecinos lo tienen claro; hay que suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas licencias de bar.

El Casco Viejo languidece, pero también lo hacen otras zonas en las que el ocio nocturno ha muerto después de que el PNV se encargara de poner los medios para ello. Ahora, los jeltzales se convierten en «adalides de la noche» cuando la combatieron después de no saberla regular adecuadamente creando numerosos problemas a los vecinos de esos entornos.

Bilbao la Vieja reclama atención

El área de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala es claro ejemplo del modelo de ciudad que se ha construido en las tres últimas décadas por parte del PNV con el aval de PP y PSE. Ante la cita con las urnas, el amplio movimiento asociativo de este centro histórico ha llamado la atención sobre la «falta de atención» que instituciones públicas «y algunos partidos políticos» muestran ante las graves problemáticas que aquejan a sus barrios, reclamando una intervención «prioritaria e integral» en ellos. Sus reivindicaciones son muy claras y concisas; piden justicia social y derechos sociales, más empleo y menos papeleo, vivienda digna para todos, planes de formación y empleo para la juventud, locales para iniciativas sociales y comerciales, y especialmente que toda persona tenga derecho a tener cubiertas sus necesidades básicas.

Los colectivos recuerdan que la tasa de desempleo está por encima del 40% en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, aunque supera el 60% entre los jóvenes. De dicha población, un 46% no cobra ninguna prestación y la renta anual media por persona en ese área deprimida de la villa es de 10.823 euros. Existen cerca de un millar de viviendas y 638 lonjas vacías. «¿Qué futuro cabe esperar para nuestros barrios y su población? ¡No son datos suficientes para una intervención en profundidad?», se preguntan desde la coordinadora que les agrupa.

«Toda persona, independientemente del barrio en el que viva –recuerdan a los distintos candidatos a la Alcaldía–, tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades básicas: recursos económicos suficientes, alimentación, vivienda, así como a tener garantizado el acceso a unos servicios públicos educativos, sanitarios y sociales de calidad y no discriminatorios. Todo barrio tiene derecho a tener un entorno urbano que contribuya al bienestar colectivo. Sin embargo, en esta ciudad no es el caso de nuestros barrios y sus habitantes».

La Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala cree que estos barrios necesitan un plan de choque frente al desempleo y, de forma especial, iniciativas de formación y empleo para jóvenes y mujeres. «Queremos impulsar iniciativas alternativas en el ámbito del ocio y la cultura, así como desarrollar proyectos de economía social y solidaria. Para ello demandamos que las lonjas vacías, especialmente las de propiedad municipal, se pongan al servicio de dichas iniciativas», argumentan.

Otras asignaturas pendientes

Las lagunas en el ámbito social también son importantes, empezando por afrontar la realidad de las cientos de personas que malviven en las calles de Bilbo y que buscan refugio ocasional en cajeros de entidades bancarias. Resulta llamativo que en el albergue provisional que se habilitó en Mazarredo, junto al Guggenheim, se vaya a edificar un nuevo bloque de viviendas de lujo mientras no se acaba de aclarar dónde estarán la nueva infraestructura social de cobijo de los sin techo, pues se valora descentralizar varios equipamientos por la ciudad.

Otra gran asignatura pendiente es asumir la pluralidad, especialmente recibiendo sin recelo a quienes han recalado en el Botxo desde otros puntos del planeta. El PNV, en competición con el PP, trató, por ejemplo, de restringir la instalación de lugares de culto en los bajos de edificios de viviendas a partir de movimientos vecinales que fueron agitados hace cuatro años por los elementos más intransigentes de la sociedad. Azkuna legisló y los tribunales le tumbaron la reforma de la normativa urbanística por no haber dado cauce a la participación ciudadana en la tramitación –otra gran asignatura pendiente del Consistorio–. Ahora, el que se vislumbra como futuro alcalde, el jeltzale Juan María Aburto –católico militante–, tendrá que acercar posturas con los representantes de otras religiones, molestos por la actitud municipal.

No llevan bien las autoridades locales, en especial el partido gobernante desde 1979, lo de permitir una participación ciudadana real. Las demandas de los vecinos se han quedado hasta ahora en las escalinatas de la casa consistorial y no se ha dejado expresarse en primera persona a sus representantes. Ahora se avanza, se quiere modificar las ordenanzas en este ámbito, aunque la experiencia de tres décadas hace dudar sobre la verdadera voluntad de PNV, PP y PSE.