El Gobierno de Lakua consiguió ayer aprobar las tres leyes de medidas presupuestarias para la actualización del sueldo de los trabajadores públicos, la RGI, los módulos de la enseñanza concertada, la partida para la UPV-EHU, el presupuesto del Parlamento de Gasteiz, las tasas y ayudas para la conciliación familiar y laboral. Pero lo hizo entre críticas de los grupos de la oposición. De hecho, solo encontró un apoyo, el del PP, y únicamente para subir el salario de los funcionarios. A todos les ha sentado mal que la redacción de las leyes se hiciera sin negociar con ningún otro grupo parlamentario, a pesar de que el Ejecutivo de PNV y PSE están en minoría, y que se haya tramitado en el Parlamento sin permitir la inclusión de enmiendas.

A la sesión de ayer se llegó con la incógnita de qué ocurriría con la ley sobre la educación concertada y la partida para la UPV-EHU, puesto que el pasado viernes Elkarrekin Podemos ya anunció su abstención en las otras dos, como un ejercicio de «responsabilidad» de la que carece el Gobierno y que permitía su aprobación. Adelantar el anuncio le supuso una dura crítica de EH Bildu, por no haber permitido que siguieran apretando al Ejecutivo. Ayer se lo recordó Iker Casanova: «Cuando el Gobierno estaba sudando tinta, sin apoyos para sacar adelante sus medidas presupuestarias, agobiado por el tiempo y en una situación que les obligaba a moverse, se les apareció la virgen de la mano de un partido que, no ya en rebajas, sino gratis et amore le dio la luz verde para que aprobara sus propuestas sin modificarlas o sin comprometerse a futuros avances o cambios que hicieran más sociables las políticas de este Gobierno».

La ley sobre la enseñanza concertada se aprobó con la abstención del PP y el voto en contra de Elkarrekin Podemos, que entiende que todo ese dinero se tiene que dirigir a la pública.

EH Bildu no votó

En concordancia con las numerosas críticas que durante las últimas semanas EH Bildu ha hecho en la forma en la que el Gobierno presentó primero una ley de lectura única y después tres, Iker Casanova anunció ayer que su posición iba a ser la de no participar en la votación.

El parlamentario independentista indicó al Gobierno de Iñigo Urkullu que «EH Bildu está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos en base a contenidos», pero subrayó que «desgraciadamente, aquí en este procedimiento y en estas tres leyes lo que ustedes nos han ofrecido es oír, ver, callar y votar, y eso no lo vamos a hacer. De hecho, no vamos a votar, nos vamos a negar a participar en esta votación como muestra de repulsa a un procedimiento que ha vulnerado el derecho democrático de esta Cámara a tomar parte en la toma de decisiones».

«Apretar un botón –argumentó Casanova– en la culminación de un proceso de diálogo político democrático. Si se priva a los grupos políticos de poder participar en ese proceso, no nos vengan ahora a pedir que hagamos de palmeros».

El anuncio de la decisión de EH Bildu levantó quejas entre las filas de los partidos del gobierno. De hecho, las portavoces del PNV, Josune Gorospe, y del PSE, Susana Corcuera, les acusaron de estar en el «no por el no», pese a que la decisión de EH Bildu les permitía de entrada sacar adelante las tres leyes.

La ley de la RGI aprobó con el apoyo de las formaciones del Gobierno, la abstención de EP y el voto en contra del PP. El PP votó a favor de la subida salarial de los funcionarios, mientras el grupo morado se abstuvo. Lo contrario ocurrió con la ley sobre la educación concertada, en la que el PP acabó absteniéndose, pese a que pedía mayores subidas, y EP votó en contra.

Recortes

El parlamentario del PP Antón Damborenea fue muy crítico con la actualización de la RGI prevista por el Gobierno, que es del 3,5% en general y del 4,5% para los pensionistas. El PP aseguró que había avisado al consejero de Hacienda que votaría en contra de esa disposición, porque ni ve urgente subir las RGI ni cree que deba incrementarse por encima de los salarios. También se quejó de que en la CAV haya más perceptores que en Madrid y Andalucía.

Iker Casanova, que intervino a continuación, le recordó a Antón Damborenea que si en la comunidad hay más perceptores es porque se decidió que «no ser pobre es un derecho y eso se recogió en una ley».

En todo caso, EH Bildu sostuvo que las tres leyes votadas ayer «disfrazaban recortes», puesto que aunque se sube el salario de los empleados públicos, estos siguen habiendo perdido poder adquisitivo, la partida de la UPV-EHU sube pero está por debajo de los tiempos anteriores a la crisis, y la RGI se incrementa pero se mantienen los recortes que introdujo el Gobierno de López y repite el de Urkullu, además de haber retirado la referencia legal al Salario Mínimo Interprofesional.

Sin embargo, Iker Casanova subrayó que pese a que las partidas para la RGI no son suficientes, el 3,5% es más que el 2,25% previsto por el Gobierno en el proyecto de presupuestos de 2019. Y el 4,5% para los pensionistas demuestran que esta era una cuestión sobre la que se podía hablar, pese a lo dicho inicialmente por el PNV al arrancar la negociación de las cuentas. En opinión de EH Bildu, estos incrementos actuales superiores a los previstos en diciembre, se deben a las negociaciones que en su día mantuvieron con el Gobierno de Lakua.

EP: «No dar pasos atrás»

En su intervención, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, criticó que las tres leyes son «un pegote de cosas que hacen que se dificulten los acuerdos».

Explicó que pese a que las cantidades previstas no son de su agrado, su grupo se había abstenido en las referidas a la RGI y la subida salarial porque no quieren «dar un paso atrás en derechos conquistados».

 

No a la petición de un poder judicial propio

Tras ejemplos de politización de los tribunales de justicia, como lo ocurrido en el Supremo con la ley hipotecaria, la parlamentaria Jone Goirizelia, de EH Bildu, presentó una proposición para que el Parlamento denunciara ese uso de la justicia con objetivos coyunturales y reivindicara «la creación de un poder judicial propio». Pero PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP votaron ayer en contra de esta propuesta.

En una nota de prensa posterior, EH Bildu denunció «la incoherencia del PNV al votar en contra de la creación de un poder judicial vasco». Goirizelaia recordó que el propio Urkullu había reivindicado un poder judicial propio y consideró incomprensible que el PNV, igual que Podemos, sumaran ayer sus votos a los de PP y PSE.I.I.