Siempre presentes como anunciantes, garantes del crecimiento y el empleo, o directamente incrustadas en sus consejos de administración, no es habitual encontrar menciones negativas a las grandes empresas en los principales medios de comunicación. El informe de la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, publicado hace unos días, ha trastocado este paradigma. CAF, una de las empresas citadas en dicho informe por lucrarse con la construcción de líneas de tranvía entre Jerusalén y los asentamientos ilegales de colonos en los territorios palestinos, ha abierto noticieros y portadas en la mayoría de medios vascos.

Concretando su papel no solo en la economía de la ocupación, sino en la del genocidio, el informe de la ONU ha puesto cara y ojos a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas son ejecutoras del exterminio, otras colaboradoras y algunas más cooperadoras necesarias: todas ellas, en mayor o menor medida, son esenciales para sostener una masacre que no podría ejecutarse sin su concurso, del que además obtienen unos dividendos muy importantes.

El trabajo liderado por la relatora marca un antes y un después. No solo porque menciona a medio centenar de grandes empresas, sino porque analiza la impunidad sistémica con la que estas se mueven. En el seno de Naciones Unidas, poner negro sobre blanco los nombres y apellidos de buena parte de las mayores corporaciones del mundo (entre otras: BP, Chevron, Volvo, Amazon, Google, AirBnB, Carrefour), ligadas a la extensión del capitalismo colonial que hace negocios arrasando las vidas de miles de personas, representa un paso extraordinariamente relevante.

La gran contradicción de la ONU, que trasciende la labor de la relatora, es que su legitimidad pública para denunciar la impunidad de las transnacionales (en un informe) choca con la ausencia de mecanismos de control efectivos para poder acabar con esa situación (en los tribunales). Tres décadas impulsando normas de derecho blando, acuerdos de «responsabilidad social» y principios de diligencia debida, como reconoce Albanese en su informe, son claramente insuficientes para servir de contrapeso al poder de los negocios corporativos que violan el derecho internacional. Así que ha vuelto una pelea que nunca se fue: la disputa político-jurídica sobre cómo regular las actividades de las corporaciones transnacionales.

La semana pasada, a la vez que se hacía público el informe de la ONU, diferentes organizaciones de derechos humanos y la comunidad palestina de Catalunya denunciaban que un cargamento de acero estaba esperando en el puerto de Barcelona para embarcar con destino a la industria militar de Israel. Con origen en las plantas de Sidenor, compañía con sede en Basauri, el envío tenía que ser recogido por la naviera ZIM para ser entregado en Haifa a una filial de la empresa Elbit Systems, proveedora de armamento al ejército israelí. La querella de las organizaciones sociales exigía el bloqueo de la carga en cumplimiento del derecho internacional. Pero la jueza de guardia de Barcelona no consideró oportuno registrar el buque y requisar el acero.

La relatora propone diversas fórmulas para intentar neutralizar la impunidad con la que las grandes empresas están actuando en el genocidio y en los crímenes internacionales contra el pueblo palestino. Llama a todos los Estados a imponer sanciones y establecer un embargo total de armas a Israel, incluyendo en él los artículos de doble uso civil y militar (como el acero). También les insta a cancelar todos los acuerdos y contratos comerciales con ese Estado. Y respecto a las corporaciones, exige el abandono de todas las sus actividades relacionadas con las violaciones de derechos humanos, reparando al pueblo palestino con compensaciones económicas.

Las propuestas de Albanese podrían ir acompañadas al menos de cuatro propuestas perfectamente viables. Primero, una reforma de la Ley de Contratación Pública que sirva para excluir a las empresas, como CAF, que han sido identificadas por la ONU como corresponsables de la ocupación y el genocidio. Segundo, una norma que regule las obligaciones extraterritoriales de las grandes empresas y que establezca los mismos estándares en todos los países. Tercero, una revisión de la legislación de jurisdicción universal, que incluya la responsabilidad civil y penal de las personas jurídicas por sus impactos en el extranjero. Por último, un tratado internacional vinculante para obligar a las corporaciones transnacionales a cumplir los derechos humanos por igual en cualquier parte del mundo.

Al tiempo que la jueza de Barcelona decidía qué (no) hacer con la carga de acero destinada a la fabricación de armas para continuar con el genocidio, Sidenor anunciaba el cese definitivo de sus relaciones comerciales con Israel. La presión del movimiento BDS y de los sindicatos ELA, LAB y ESK, con presencia destacable en su comité de empresa, surtió efecto.

La victoria de la lucha social y sindical en Sidenor es una muestra de por dónde puede ir el camino de la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas por su responsabilidad en la violación de derechos humanos y en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Como ha sucedido con los contratos de armas cancelados por los ministerios de Defensa e Interior, la presión pública, el boicot y el músculo social son las vías más efectivas para doblar el brazo a los gigantes corporativos.