Arcelor Mittal cerrará definitivamente su planta en la localidad navarra de Legasa, tras la firma por parte de UGT -sindicato mayoritario- de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 33 personas.

El pasado 30 de junio, la compañía retiró el primer ERE que había presentado para las plantas de Agurain y Legasa, ante el anuncio de huelga presentado por los sindicatos. Pero posteriormente registró un nuevo expediente solo para la línea de producción ubicada en Nafarroa.

UGT explicó en una nota que su afiliación «ha apoyado por unanimidad las mejoras acordadas para la plantilla», después de que en la reunión del pasado lunes la empresa se remitiera a su última propuesta y advirtiera de que en caso de no ser aceptada y llegar a un contencioso plantearía en el mismo el mínimo legal, con indemnizaciones de 20 días de salario por año de antigüedad y con el tope de una anualidad.

El sindicato mayoritario reclamó, en respuesta, que se garantizara la recolocación de la plantilla «en los centros de trabajo más cercanos a Legasa» y que se mejoraran las condiciones de prejubilación. Finalmente, la dirección de Arcelor Mittal ofreció «prejubilaciones con garantía 70% del salario bruto hasta los 65 años para los nacidos en 1967 y anteriores, y hasta los 63 años para los nacidos en 1968 y 1969».

«Para aquellos que decidan abandonar la compañía por voluntad propia -prosigue la nota-, la indemnización será de 45 días por año hasta febrero de 2012 y 33 días por año desde esa fecha, con el tope máximo legal establecido para los despidos improcedentes y con el abono del convenio especial para los mayores de 55 años que no estén incluidos en el plan prejubilaciones».

Además, la empresa «se compromete a recolocar a las veinte personas trabajadoras excedentes». Se garantiza que un mínimo de doce podrá ir a las plantas de Lesaka, Bera (Zalain), Berriobeiti y Hernani, siendo Agurain la última opción para el resto. Quienes tengan que irse a Araba «tendrán derecho preferente y vitalicio a retornar al centro más cercano del domicilio de origen en cuanto se oferte una plaza vacante».

UGT apuntó que en la última asamblea ELA dijo que no iba a «respetar el resultado de un posible referéndum vinculante», ante lo cual sometió la propuesta a la votación de su afiliación, que la ha ratificado por unanimidad.

Por su parte, ELA denunció que este acuerdo «tiene irregularidades», no incluye «las exigencias que hicieron las personas trabajadoras en la última asamblea» y «no se garantiza que no vaya a haber despidos traumáticos». Entiende, asimismo, que «la empresa podría haber tomado otras medidas sin necesidad de aplicar una medida tan drástica».

ELA criticó que «la multinacional, con beneficios significativos año tras año, ha ofrecido, además, indemnizaciones muy escasas, por lo que no ha habido suficientes voluntarios en el expediente. Por si esto fuera poco, la empresa ha hecho una oferta de prejubilación que no será opcional. Por lo tanto, varios trabajadores de esa edad, aunque no lo deseen, se verán en la calle».