La encuesta de la federación Regiones y Pueblos Solidarios y el instituto IFOP ofrece unos resultados que se podrían calificar de contundentes. Dos tercios de la ciudadanía de Ipar Euskal Herria demanda un estatus especial, con el que también se muestran de acuerdo la mitad de los encuestados en el Estado francés. Una postura favorable a la descentralización y al reconocimiento institucional, lingüístico y cultural de los diferentes territorios sin precedentes, que no hace muchos años habría resultado impensable.

Ciñéndonos a Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, muestra que la actual articulación institucional plasmada en la Mancomunidad Vasca, creada en 2017, resulta insuficiente para los vascos y vascas continentales, a pesar de su corto recorrido. Probablemente la propia institución ha influido en esas respuestas, tanto por lo positivo de algunas de sus políticas como por las limitaciones y fragilidades que ha evidenciado. Al hilo de la encuesta, cabe recordar la propuesta de autonomía con capacidad legislativa y fiscal para los territorios vascos que el pasado diciembre hizo EH Bai, que ahora se revela en total sintonía con la encuesta y, por tanto, con las aspiraciones de la ciudadanía vasca. Una propuesta viable y aplicable sin grandes complicaciones legislativas o de otra índole, sobre todo tras los movimientos en torno a los estatus de Kanaky o Corsica, en un contexto político diferente al de no hace siquiera una década y con el movimiento abertzale al alza.

La mayoría de la población desea mayor autonomía, mayor poder para sus territorios, y detrás de esa voluntad existirán diversas razones; habrá quien percibe que cuanto más cercana es la gestión, más eficaz es y mayor confianza le merece; quien cree que las decisiones en torno a la solución de los problemas de un territorio deben ser tomadas en él; quien piensa que nadie puede preservar la cultura y la lengua de una comunidad como la propia comunidad, o simplemente quien no se identifica con el Estado francés. En cualquiera de los casos, es preciso tener muy presente que lo ilícito y cuestionable no es la voluntad popular, sino la actitud de quien usa su poder para impedir que esa voluntad se vea satisfecha.