La demanda que la Diputación de Gipuzkoa interpuso contra la modificación del contrato que Bidegi y Bidelan suscribieron en 2010 -cuando gobernaba el PNV en el herrialde- continúa su andadura judicial. La última noticia que se ha producido es que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Donostia la ha admitido a trámite. La demanda tiene como base la lesividad que la institución foral ahora gobernada por Bildu observó en el contrato de Bidelan, al considerar que es «perjudicial para los intereses de los guipuzcoanos», por cuanto dicha empresa privada ha estado obteniendo beneficios sin asumir el principio de riesgo.

Todo se sustenta en la modificación del contrato que ambas partes sellaron en 2010. Hasta esa fecha, Bidegi realizaba sus abonos a Bidelan conforme al tráfico, es decir, al número de vehículos que transitaban por las vías bajo su competencia, la AP-8 y la AP-1. Sin embargo, la cuestión empieza a cambiar en 2009, cuando la tendencia del tráfico no se ajusta a las previsiones y Bidelan denuncia que no está ingresando lo suficiente.

El contrato fue modificado en 2010 de manera que, además de recuperar los costes de mantenimiento, la empresa privada pasó a obtener un beneficio del 7,7%, asegurado independientemente de la tendencia del tráfico. Por si ello fuera poco, los contratos de la AP-1 y de la AP-8 fueron prorrogados hasta 2018.

15,6 millones de euros de más

Como consecuencia de la modificación del contrato, ahora la Diputación de Gipuzkoa calcula que entre los años 2009 y 2012 Bidegi abonó 15,6 millones de euros de más a Bidelan (3,5 millones en 2009, 4,9 en 2010, 3,9 en 2011 y 3,2 en 2012). Mientras, la sociedad pública acumula una deuda de 900 millones de euros con los bancos, razón principal que ha llevado a la Diputación a elaborar una propuesta de norma foral para la financiación de las carreteras del herrialde. Propuesta que, a día de hoy, no cuenta con el respaldo de los partidos que conforman la oposición en las Juntas Generales.

Hablando de la oposición, ha sido en el PNV -que llegó a justificar que Bidelan ingresara 15,6 millones de más con el cambio del contrato- donde más ampollas ha levantado la decisión del Gobierno foral de Bildu. Su portavoz en las Juntas, Markel Olano, acusó en su día a la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, de «mentir y estar obsesionada con el enfrentamiento», y añadió que la modificación del contrato con Bidelan «no supone la desaparición del principio de riesgo», afirmación que llega a ser insostenible.

Ugarte, por su parte, advirtió de que Olano intentaba «confundir» a la ciudadanía con el tema de las indemnizaciones, lo que consideró una «tapadera» para dejar en un segundo plano el tema central de la cuestión, que no es otro que el hecho de que una empresa privada obtuviera grandes beneficios a costa de una sociedad pública. Es más, si los jueces consideran que el contrato entre Bidegi y Bidelan es «perjudicial» para la sociedad guipuzcoana, no habrá que abonar indemnización alguna, sino que la Diputación tendría la posibilidad de exigir a la empresa privada que devolviese los comentados 15,6 millones.

Una nueva licitación

GARA también informó en setiembre sobre un informe provisional del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), datado el 19 de abril de 2012, que concluía que la modificación del contrato de Bidelan requería de una nueva licitación. Como recoge dicho informe, la modificación del contrato supuso «una alteración sustancial del precio estipulado» por el hecho de que Bidelan pasara de ingresar de acuerdo a los tráficos reales a recibir, además de los costes fijos, un «extra» del 7,7%. Además, añadía que el cambio del contrato «en la práctica conlleva la eliminación del riesgo y ventura», principio que se recogía en los pliegos que sirvieron de base para la adjudicación de ambos contratos.

Por ello, el TVCP señaló que el contrato que la Diputación ha llevado a los tribunales y los inicialmente licitados «tienen diferencias tan significativas que el objeto de los mismos ha quedado desnaturalizado», por lo que concluía que «el respeto a los principios licitatorios hubiera requerido de una nueva licitación». No obstante, se da la circunstancia de que dicha conclusión desapareció del Informe de Fiscalización elaborado por el mismo TVCP referente al ejercicio de 2010, que fue datado el 20 de setiembre del 2012, sin que haya constancia de las alegaciones que acarrearon la modificación del informe.

Negociación con las empresas

La voluntad de la Diputación ha sido establecer un diálogo y llegar a un acuerdo con las empresas que conforman Bidelan -constituida en abril de 2003 por la unión de Iridium (Grupo ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez), Grupo Campezo y Transitia-.

Según la información que GARA ha recabado de fuentes de la institución foral, esas negociaciones continúan por buen camino y se espera que en próximas fechas se haga público el resultado de las mismas.