La resolución del Tribunal Constitucional (TC) español respecto a la declaración soberanista aprobada por el Parlament es un indicador de que los poderes del Estado todavía no han sabido calibrar el alcance real del proceso abierto en Catalunya, y que no comprenden, o no quieren comprender, que este ha alcanzado hace tiempo el punto de no retorno. Desde luego, si alguien pensaba que el dictamen de unos cuantos magistrados y juristas cuyo nombramiento responde al juego de poderes del PP y el PSOE iba a hacer encallar la nave catalana, es que la miopía ha alcanzado en Madrid cotas insospechadas.

Hay que decir, en cualquier caso, que al margen de que el TC no debía haber admitido el recurso contra una declaración que es estrictamente política, una vez aceptada la apelación, su conclusión no deja de ser lógica. Que los máximos intérpretes de la Constitución afirmen que el camino emprendido por la mayoría política, social e institucional de Catalunya no se ajusta a los límites de la legalidad española tiene todo el sentido porque, efectivamente, no lo hace; el marco legal que pactaron los artífices de la tan manoseada transición consagra la soberanía del «pueblo español» y no permite veleidades que contradigan la «indivisible unidad» de España. Pero eso es algo que ya conocían quienes impelidos por la sociedad catalana decidieron romper amarras, lo sabían esos partidos e instituciones que en los últimos años no han hecho otra cosa que apelar a la deportividad de los mandatarios españoles para que admitan que frente a los corsés legales lo que tendría que prevalecer es la democracia.

Pues de eso se trata, de que los catalanes puedan decidir por sí mismos, una meta que se ha convertido en irrenunciable. Es un objetivo abiertamente inconstitucional, sí, entre otros motivos porque ni el PP ni el PSOE se avienen a cambiar sus leyes, pero que es profundamente democrático. En este sentido, es absurdo, peripatético incluso, pretender utilizar el articulado de una Constitución para frenar un proceso constituyente. Mejor harían los padrinos políticos de los miembros del tribunal en intentar persuadir a la sociedad catalana de que les conviene seguir dentro del Estado español, aunque ese tren es probable que también lo hayan perdido. Por otra parte, los representantes del PP y del PSE se equivocan si creen poder extraer algún rédito de cara al debate en el Parlamento de Gasteiz, pues la resolución del TC solo sirve para reafirmar la convicción de que no hay abrigo democrático bajo un marco cercenador de derechos y libertades.