(...) Más allá de las críticas que ha propiciado la decisión de la instancia jurisdiccional ibérica -sobre todo en lo que respecta a la evidente sumisión del Tribunal Constitucional a La Moncloa-, el hecho comentado coloca al Estado español en una clara posición de intolerancia y cerrazón: si el impedir un referendo vinculante sobre la soberanía catalana -como el que propuso inicialmente la Generalitat catalana- es una medida de dudoso apego a los principios democráticos y al derecho universal a la autodeterminación, criminalizar la realización de una consulta como la referida equivale al absurdo jurídico de colocar los ejercicios de medición de la opinión pública en la inconstitucionalidad.

La resolución judicial comentada pone en perspectiva, por lo demás, una postura autocrática y contraria a los derechos colectivos básicos por parte de la clase política de Madrid, así como un temor irracional de ésta por perder el control de una parte del territorio español, que parece más propia de la España feudal que del país europeo del siglo XXI.

En el ámbito político, la decisión del constitucional español resulta peligrosa para la de por sí maltrecha estabilidad española, en la medida en que sienta las bases para una nueva confrontación abierta entre Madrid y Barcelona, pero también atiza el fuego del descontento social, y alimenta el riesgo de que éste crezca (...).

En forma paradójica, la cerrazón españolista y centralista del gobierno de Rajoy es indicativa de un resquebrajamiento en la unidad del Estado español, de por sí maltrecho a consecuencia de la crisis económica y del castigo injustificable a que ha sido sometida su población por indicaciones de la llamada troika europea.