
En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Calparsoro se ha referido, de esta manera, a las informaciones sobre la corrupción en el PP y a las acusaciones del extesorero de la formación Luis Bárcenas, que aseguró ante el juez que la sede de Bilbo habría sido financiada presuntamente a una comisión pagada por una empresa.
Calparsoro ha señalado que a la Fiscalía de la CAV no ha llegado ninguna denuncia al respecto, aunque, si se formalizara, «lógicamente se tendría que investigar». No obstante, ha indicado que hay que distinguir entre «lo que la persona que entrega el dinero sabe y conoce y lo que la persona que lo recibe sabe y conoce».
El Fiscal Superior ha afirmado que no se ha dicho «nada» de que los responsables del PP de la CAV tuvieran conocimiento de que ese dinero pudiera provenir supuestamente «de unos fondos ilícitos», ya que se lo entregaba «el órgano central que llevaba las cuentas».
El máximo representante del ministerio público ha indicado que sería «una pena» que el PP de la CAV se vea «salpicado» por la corrupción y, en este sentido, ha defendido que la mayoría de los cargos públicos de este partido sufrieron una «presión intolerable» durante la época de actividad de ETA con «amenazas de muerte y el asesinato de muchos de ellos».
El Fiscal Superior cree que, en esas circunstancias, el hecho de que se les «facilitase una ayuda económica para pagar una sede o para protección» forma parte, a su juicio, «de lo normal dentro de cualquier partido».
Calparsoro ha precisado que sería diferente si ese dinero provenía de «hechos presuntamente delictivos o, por lo menos, ilegales».
«Desconozco en qué medida una organización territorial de un partido conoce las cuentas de una organización central y si son autónomos a la hora de gestionar sus cuentas», ha añadido.

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