De las 120 medidas propuestas por el informe CORA sobre duplicidades administrativas, algunas llaman la atención por lo poco que tienen que ver con dichas duplicidades y porque se salen del guión general, que sigue el camino de suprimir organismos de las CCAA para recentralizar sus servicios en la Administración General del Estado. Una muestra de lo que prácticamente toda la oposición denuncia como verdadera intención del informe CORA más allá de la supuesta eliminación de duplicidades: recentralizar el Estado.

Un ejemplo es el traslado de los gastos de los procesos electorales a las Autonomías, ya que, según el informe, «el Estado ha venido asumiendo un conjunto de costes que deberían haber sido, bien compartidos con las CCAA cuando se producen supuestos de concurrencia electoral, bien asumidos en exclusiva por el poder autonómico convocante».

Se refiere, por ejemplo, a la «elaboración o adaptación de las campañas instituciones» o al voto gratuito por correo, por el cual se compensa a Correos. Poco tiene que ver esto con las duplicidades administrativas, ya que se trata simplemente de trasladar un gasto del Estado a las CCAA.

Una estrategia de ahogo a las CCAA con múltiples herramientas, pero que tiene su pieza fundamental en el objetivo de déficit, que Europa impone de forma global pero después el Estado reparte, según sus criterios, entre las diferentes administraciones, cargando el grueso de los recortes sobre las autonomías.

Por ejemplo, en este 2013, el objetivo de déficit impuesto por Bruselas al conjunto del Estado español es del 6,5%, una cifra que, sin embargo, el Estado no reparte de forma equitativa entre las diversas administraciones, ya que más de la mitad del déficit –un 3,8%– será asumido por la Administración General del Estado–. En contrapartida, las CCAA, sobre las que recae el grueso de las partidas en ámbitos fundamentales como Educación o Salud, deben limitarse a un déficit del 1,3%. Es decir, deben recortar mucho más sus inversiones.

En resumen, una forma de vaciar de competencias a las autonomías y ahogarlas económicamente, haciéndolas de esta manera inviables. Al mismo tiempo y de forma poco sorprendente, el porcentaje de ciudadanos del Estado que apuesta por la eliminación de las CCAA o por que funcionen con menos competencias sigue creciendo y según el CIS, en noviembre llegó al 34,3%, frente al 30,5% de población que apuesta por seguir como ahora.