No es cierto, tal y como se dice, que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, esté incumpliendo de cabo a rabo el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2011. Para desgracia de las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Administración local, el Gobierno del PP está siguiendo al pie de la letra lo prometido en el ámbito de las reformas de las administraciones públicas. Tras la reforma de la Administración local –que despoja a los ayuntamientos de cualquier atisbo de competencia y autonomía municipal–, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó a finales de noviembre el borrador del informe de la subcomisión de Duplicidades Administrativas, en el que proponen eliminar multitud de organismos autonómicos.

Como medidas llamativas, el extenso informe de 730 páginas propone eliminar organismos como los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas, las agencias meteorológicas e infinidad de observatorios de diversa índole que funcionan a nivel autonómico. Unas propuestas que también afectan a Hego Euskal Herria y que invitan a eliminar figuras como las del Ararteko y el Defensor del Pueblo de Nafarroa, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la navarra Cámara de Cómptos o la agencia de meteorología Euskalmet.

Estas apenas son algunas de las 120 medidas propuestas por el informe CORA, sobre las que hay que destacar que no son, al menos por ahora, de obligado cumplimiento, sino que dependen de la actitud y la negociación de cada CCAA, ya que afectan a materias de competencia autonómica. Algo que en Hego Euskal Herria deja en posición desigual a la CAV, donde el PNV, de momento, no tiene intención de suprimir organismos, y a Nafarroa, donde el Gobierno de UPN podría aplicar algunas de las medidas.

Reconfiguración del Estado

De lo que no hay duda es de que el PP intentará aplicar su rodillo autonómico –controla 11 de las 17 CCAA– para aplicar allí donde gobierna el informe CORA, algunas de cuyas propuestas dirigentes como Maria Dolores de Cospedal, presidenta del partido y de Castilla-La Mancha, ya vienen aplicando con anterioridad. Hace más de dos años que suprimió el Defensor del Pueblo.

De esta manera, el PP dará un paso de gigante en el esfuerzo por recentralizar las administraciones del Estado español sin tocar una sola coma de la Constitución, ya que las 120 medidas del informe afectan a todo tipo de sectores. Como muestra de ejemplo, cabe mencionar la supresión de observatorios autonómicos sobre la infancia, la juventud, el empleo, la inmigración y la xenofobia, entre otros. También la acción exterior de las CCAA –incluidas las agencias de cooperación al desarrollo–, la centralización de los concursos de licitación del sector público, la planificación conjunta de las carreteras, las licencias federativas deportivas únicas para todo el Estado y la eliminación de las agencias autonómicas de protección de datos.

También se tocan temas sensibles, como son la adopción de «un instrumento de planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas del terrorismo», de forma que sería el Estado central quien fijase los parámetros según los cuáles se es víctima del terrorismo o no. Algo parecido ocurre con la propuesta de trasladar al Ministerio de Justicia «las subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo». Es decir, el mismo Ministerio que se resiste a la extradición de torturadores franquistas a Argentina será el encargado de decidir a qué actividades de memoria histórica se destinan las subvenciones.