Gran parte de las propuestas recogidas en el informe CORA sobre duplicidades administrativas afectan directamente a ámbitos de competencia autonómica, lo que impide al Estado imponer las medidas unilateralmente. Es decir, necesita de la colaboración de los gobiernos autonómicos. Esto deja en una posición desigual a la CAV, donde el Ejecutivo ya ha anunciado que no tomará en consideración el informe, y a Nafarroa, donde UPN todavía no se pronuncia. Vistos los antecedentes, Yolanda Barcina podría aprovechar el informe para seguir desmantelando buena parte del entramado público del territorio.

Preguntado por NAIZ, el viceconsejero de Relaciones Institucionales de la CAV, Peru Bazako, recuerda que el informe «nace con un carácter de recomendación y no de imposición» y que Lakua ya está elaborando «un informe propio que entregará en breve a la ponencia creada en el Parlamento vasco para analizar el tema de las duplicidades».

Sobre las propuestas concretas de la CORA, Bazako señala que el Ararteko es «una de las principales instituciones de este país», por lo que no tienen «ninguna intención de tomar en consideración esta aportación». «Tampoco la de suprimir la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), el Tribunal Vasco de Cuentas o la agencia Euskalmet, todas ellas con funciones irremplazables, con arraigo social y justificación sobrada de su existencia», concluye.

Nafarroa

Otro cantar es el de Nafarroa, cuyo Gobierno no ha querido responder las preguntas de este medio de comunicación sobre el informe CORA. El único posicionamiento contrastable es el referido a la Cámara de Cómptos, sobre la que la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento aprobó el lunes, por unanimidad y a propuesta de UPN, una declaración de apoyo.

Sin embargo, la apuesta del Gobierno navarro por los recortes y la debilitación del sector público –mírese el caso de las empresas públicas– pueden llevar a Barcina a dar por buenas algunas de las propuestas, entre ellas la supresión de diversos observatorios autonómicos como el de la inmigración o instituciones como el Defensor del Pueblo, una institución que UPN ya ha amenazado en más de una ocasión, como recuerdan fuentes del propio organismo.

Sin ir más lejos, en setiembre de 2012, Barcina lanzó la idea de suprimir temporalmente el ente, una medida difícilmente justificable por el ahorro que supone –unos 300.000 euros al año– y todavía menos por criterios de eficiencia, ya que en Defensor del Pueblo es el principal canal oficial para trasladar las quejas ciudadanas al Gobierno, en especial en tiempos de crisis y recortes. Basta recordar una cifra: en 2012 el Defensor gestionó 1.510 quejas, lo que supone un incremento del 44,9% respecto a la cifra de 2011.