Fuentes de la Abogacía del Estado citadas por Efe han señalado que en el escrito, registrado la semana pasada, argumenta que los 25 millones de euros ofrecidos por el grupo argelino Cevital por hacerse con las marcas internacionales de Fagor –propiedad de la filial Fagor Ireland– constituyen un precio muy inferior al que podría obtenerse por su venta.

La Abogacía del Estado tiene interés en la causa por representar a las empresas públicas que son acreedoras del grupo Fagor Electrodomésticos.

Además, la Abogacía considera que la oferta de Cevital para hacerse con las marcas Brandt, De Dietrich, Vedette, Sauter y Easycook no asegura la compra de unidades de negocio en el Estado español, por lo que no garantiza el mantenimiento de puestos de trabajo en las plantas del grupo cooperativo.

Entiende asimismo que vender las citadas marcas dejaría a los negocios del Fagor Electrodomésticos sin uno de sus principales atractivos para lograr algún acuerdo que permita la continuidad de sus negocios.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia admitió a trámite el pasado 27 de febrero la solicitud de Fagor Electrodomésticos para vender sus marcas al grupo argelino Cevital, y abrió un plazo para conocer si alguna empresa más estaba interesada en plantear «ofertas mejores» y «globales» sobre el grupo cooperativo.

El plazo concluyó sin que ningún otro grupo haya presentado ninguna oferta por las marcas de la cooperativa de la Corporación Mondragón.

Según explicó Fagor en su escrito para solicitar al Juzgado que permita la venta, la operación significaría «el mantenimiento de más de 1.200 puestos de trabajo en Francia, la creación de 300 puestos de trabajo en España y retomar 300 empleos en Polonia».

No obstante, Fagor aclaró que el acuerdo con Cevital está «pendiente de la aceptación de la oferta de adquisición de la unidad productiva francesa por parte del tribunal competente» de ese Estado y está condicionada, además, a la adquisición de las marcas.

En el caso de que el juez no atendiera los argumentos de la Abogacía del Estado y aprobara la venta de las marcas de Fagor a Cevital, el Estado español o cualquier otro acreedor podría presentar un recurso, lo que significaría un nuevo retraso en la operación.