La Audiencia de Palma ha acordado mantener la imputación de la hermana del rey español por cooperación en dos delitos fiscales en el caso Nóos, de manera que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada.

Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50% junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Y lo hizo al facturar a través de la misma –como rendimientos de actividades económicas– las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

El propio magistrado José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.

Los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez Reino han archivado la imputación por blanqueo de capitales que también había planteado el juez Castro, quien tendrá en su mano la decisión de sentarla en el banquillo aunque solo lo solicite la acusación popular que ejerce Manos Limpias, en aplicación de la denominada «doctrina Atutxa». También podría suceder lo contrario, si el magistrado optara por la denominada «doctrina Botín».

Urdangarin alcanza las 25 imputaciones

La Audiencia de Palma ha acordado también añadir un delito a las imputaciones que pesan sobre Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, el blanqueo de capitales, que también atribuye a su exsocio Diego Torres y a la mujer de este, Ana María Tejeiro.

La nueva imputación para Urdangarin supone que está acusado de nueve delitos diferentes, algunos en varias ocasiones, hasta sumar un total de 25 imputaciones: cinco de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, una de falsedad, una de estafa, una de falsificación y una de blanqueo.