El delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado al término de su declaración este miércoles ante la juez Carmen Rodríguez Medel que «no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental» como era el de manifestación el pasado 8 de Marzo en Madrid.

Ha añadido que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del covid-19. Uno de los señalados ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 por el polémico informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos es precisamente el director del Centro de Alertas y máximo portavoz en esta crisis, Fernando Simón.

Así lo ha señalado Franco a preguntas de los periodistas tras más de dos horas de declaración como investigado por un presunto delito de «prevaricación administrativa» en relación con la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.

Se da la circunstancia de que el informe pedido por la jueza a la Guardia Civil detalla 177 movilizaciones o reuniones de esos días en Madrid y remarca que 35 se desconvocaron, a fin de insinuar así que la Delegación del Gobierno tuvo una actuación selectiva (léase prevaricadora) al aceptar unas y vetar otras. Es falso, porque en realidad antes del 8M solo aparecen cinco desconvocatorias y todas ellas por cuestiones técnicas. Y es falso también porque el listado se extiende hasta el 23 de marzo, cuando es evidente que ya el fin de semana siguiente (14-15), con el estado de alarma, toda actividad pública se canceló, pero eso no ocurrió antes ni el 8M.

Sobre el contenido de estos informes –uno primero plagado de errores como adelantar 40 días la fecha de declaración de pandemia y uno segundo corregido–, José Luis Franco se ha limitado a indicar ante los periodistas que «no estoy de acuerdo».

La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha rechazado esta pretensión.