La utilización política de los tribunales y la existencia de ese «Estado dentro del Estado» que es la Guardia Civil rebrotan en un tema tan dramático como es el coronavirus. Y la embestida conjunta de un juzgado de Madrid (el número 51) y el instituto armado contra el Gobierno español y su equipo técnico recurre a técnicas utilizadas durante décadas en Euskal Herria. El informe que intenta criminalizar la gestión del covid-19 por parte del ministro Illa o el epidemiólogo Simón llega a manipular hasta la fecha de declaración de pandemia por parte de la OMS. Grave, pero un dislate más en 83 páginas que, siguiendo otra práctica españolísima, no tardaron en filtrarse ayer (esta vez fue la Cadena Ser), poco después de que la jueza advirtiera severamente de que solo ella debía ser informada.

El escrito tiene un prejuicio como hilo conductor: el Gobierno español sabía desde enero que se avecinaba una crisis sanitaria tremenda, lo reflejó en febrero en algunos documentos internos, pero entrado marzo no actuó con suficiente diligencia y sobre todo permitió las manifestaciones feministas del 8 de Marzo. Poner el foco aquí ya es un delirio que muestra la intencionalidad política, porque sin salir de Madrid ese mismo día hubo congreso de Vox en Vistalegre o un Atlético-Sevilla en el Metropolitano.

Para sustentar toda esta tesis, el informe –firmado por la también tristemente archiconocida en Euskal Herria Comandancia de Tres Cantos– llega a adelantar 40 días la fecha de declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asegura que se formuló el 30 de enero cuando realmente fue el 11 de marzo. Sí, tres días después de los hechos que se intentan criminalizar.

La andanada a Simón e Illa

La cascada de tergiversaciones del informe es tal que ha costado la cabeza al responsable de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, con un conocido historial en Euskal Herria (fue juzgado acusado por torturas a Kepa Urra, aunque en su caso salió absuelto) y en Catalunya (lideró las cargas del 1 de Octubre para negar después en el juicio que se hubiera producido lo que todo el mundo vio).

Así, se acusa a la Delegación del Gobierno español en Madrid –cuyo titular, José Luis Franco, ya ha sido imputado por la jueza– de «tomar nota y permitir» la gran movilización del 8M mientras se cancelaban actos como el de recuerdo a la masacre del 11M (obviamente tres días después) o una protesta de afectados por el fraude de Fórum-Afinsa el día 13. Cualquiera que tenga memoria de esas jornadas, bien recientes, recuerda cómo se fueron precipitando las cosas hora a hora. Como referencia puede recordarse que el martes 10 se jugó en Ipurua el último partido de la Liga hasta la fecha, Eibar-Real Sociedad, y fue solo pocas horas antes cuando se decidió hacerlo a puerta cerrada. La Guardia Civil acusa igualmente al Gobierno de no impedir que hinchas italianos volaran el día 9 a Valencia desde Lombardía, zona muy afectada por el covid-19, para un partido que también se acabó jugando.

El informe pedido por la jueza detalla 177 movilizaciones o reuniones de esos días en Madrid y remarca que 35 se desconvocaron, a fin de insinuar así que la Delegación del Gobierno tuvo una actuación selectiva (léase prevaricadora) al aceptar unas y vetar otras. Es falso, porque en realidad antes del 8M solo aparecen cinco desconvocatorias y todas ellas por cuestiones técnicas. Y es falso también porque el listado se extiende hasta el 23 de marzo, cuando es evidente que ya el fin de semana siguiente (14-15), con el estado de alarma, toda actividad pública se canceló, pero no antes ni el 8M.

La acusación contra el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Fernando Illa, resulta todavía más retorcida. Se explica que el día 5 tuvieron una reunión con los convocantes de un cónclave religioso en Madrid que pensaba reunir a 8.000 personas, en la que les instaron a desconvocarlo por la situación sanitaria. La tesis subyacente vuelve a ser que el Gobierno y su equipo técnico reprimieron actividades que no eran de su gusto mientras permitieron el 8M y con ello contribuyeron a la propagación del virus. Pero mirando la letra pequeña, no hay tema: ese congreso religioso no estaba previsto para el 8 sino para los días 19, 20 y 21 de marzo, cuando obviamente los responsables sanitarios ya sabían que las cosas podían estar mucho peor.

Tan elocuente como el contenido es el tono. La Guardia Civil adopta directamente el papel de Fiscalía para hacer afirmaciones como la del final del informe: «No se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo». Pero sobra decir que la jueza lo ha dado por bueno. Y que la derecha no pone el grito en el cielo por el texto, sino por la destitución de Pérez de los Cobos.

 

Blanco y en botella, una jueza que trabajó para Catalá y muy conectada con la Guardia Civil

¿Quién es Carmen Rodríguez Medel, esta jueza que de repente ha cobrado tal grado de protagonismo en el intento de asalto de las derechas al Gobierno con la pandemia como ariete? Pues mirando su currículum no parecía tan imprevisible. Hija y hermana de guardias civiles, su conexión con el instituto armado es tan fuerte que en enero ya sonó para ser la nueva directora de la Guardia Civil tras quedar vacante el cargo.

Agua debía llevar el río porque finalmente fue escogida por primera vez en la historia otra mujer, María Gámez. Por cierto, una voz que no se ha escuchado de momento en esta crisis pese a que ha precipitado la salida de su número dos, Laurentino Ceña (que renunció ayer, al parecer en disconformidad con el cese de Pérez de los Cobos), y la del citado jefe del acuartelamiento madrileño.

Rodríguez Medel no fue escogida para este cargo, ni tampoco antes consiguió llegar a la Audiencia Nacional pese a intentarlo. No obstante, un mero juzgado de instrucción de Plaza de Castilla otorga también muchas posibilidad de acción política, como se está viendo.

La titular del 51 es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y trabajó unos meses como asesora de Rafael Catalá, ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy.

Los apellidos de la jueza sonarán en Iruñea. José Rodríguez Medel fue el primer fusilado en la guerra de 1936; era el comandante de la Guardia Civil que se mantuvo fiel a la República y se enfrentó al general Mola. Por cierto, Franco es ahora el apellido del delegado del Gobierno del PSOE en Madrid al que ha imputado la jueza. Aquí sí que han cambiado las tornas...

 

Los parches de Marlaska a la crisis: aumento salarial y un sustituto con pedigrí anti-ETA

Es probable que tras este informe el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haya arrepentido de no limpiar antes la cúpula de la Guardia Civil; ayer justificó el cese de Pérez de los Cobos como un intento de «construir equipos». Pero de inmediato volvió a entramparse con dos concesiones al instituto armado: un aumento de sueldo, que hasta los sindicatos policiales daban por perdido con las restricciones económicas post-covid, y el comodín habitual de elevar en el escalafón a un jefe anti-ETA.

El elegido para sustituir a Ceña como director adjunto operativo (DAO) es Pablo Salas Moreno, hasta la fecha responsable del todopoderoso Servicio de Información de la Guardia Civil. Marlaska elogió su papel en la lucha contra ETA en esta última fase en que la organización ya ni siquiera existe, atribuyéndole un papel clave en la detención de Josu Urrutikoetxea el pasado año en Saboya.

Riojano, este general pasó en su día por Bilbo como máximo responsable del grupo de Tráfico.

Marlaska quiso además tapar la vía de agua con el anuncio de aumento de salario a policías y guardias civiles. Se les pagará el tercer y último tramo del proceso de equiparación con policías autonómicas, una partida de 247 millones de euros, lo que completa una inyección de 807 millones en total e incrementa las nóminas en un 20% desde el inicio.

El ministro se lo agradeció vivamente a la titular de Hacienda, recordando que el presupuesto va a apretar mucho ahora.

 

 

EXTRACTOS DEL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

PANDEMIA, 40 DÍAS ANTES DE LO QUE FUE: «El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de covid-19 como pandemia» (ocurrió realmente el 11 de marzo).

CONTRA SIMÓN E ILLA: «Las recomendaciones sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables que acuden a las reuniones indican la preocupación (...), hecho que contrasta con la celebración posterior de eventos multitudinarios» (la reunión que se cita fue el día 6, pero el congreso religioso que se canceló empezaba realmente el 19).

CONTRA LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID: «Con el análisis documental se ha constatado que la Delegación del Gobierno tenía constancia del peligro que suponía la celebración de reuniones antes del estado de alarma» (su titular, José Luis Franco, ya ha sido citado como imputado por la jueza González Medel).

Y LA CONCLUSIÓN: «No se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo».