El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha remitido al Parlamento de Gasteiz un informe que, al parecer, avala la la actuación de Lakua en el vertedero de Zaldibar, donde continúa sepultado desde hace más de seis meses el cuerpo de Joaquín Beltrán. El mes pasado se hallaron los restos de Alberto Sololuze.

Según ha informado el departamento en un comunicado, la auditoria realizada por Ricardo Energy & Environment concluye que «tanto las condiciones establecidas para el funcionamiento del vertedero en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) como el seguimiento y control de las mismas por parte del Departamento de Medio Ambiente se ajustó a las directivas europeas que regulan estas instalaciones y al resto de normativa aplicable».

El departamento de Iñaki Arriola, a la postre presidente del PSE, ha explicado que encargó la auditoría para determinar si las condiciones de la AAI concedida a Verter Recycling en 2007 y sus modificaciones posteriores se ajustaban a los requisitos recogidos en las directivas europeas sobre residuos, vertederos y emisiones industriales; y analizar si la labor de inspección y control de esas condiciones por parte del Departamento de Medio Ambiente se realizó conforme a lo que marca la legislación.

«En lo que respecta al análisis de la Autorización Ambiental concedida a Verter Recycling, una vez contrastadas las condiciones fijadas con el marco legislativo exigible, la auditoria determina que la AAI del vertedero de Zaldibar cumple con todos los requerimientos legales. Únicamente hace la matización menor de que la autorización debería haber fijado requisitos para el ‘uso eficiente de la energía’ y unos límites más precisos para las ‘emisiones difusas de contaminantes’ destinados a evitar la emisión de polvo al aire», ha indicado.

Y ha señalado que «los auditores de la consultora británica confirman que ha existido un control efectivo de la instalación por parte de la Administración ambiental».

El departamento ha indicado que «se ha identificado una no conformidad, calificada por la consultora de tipo menor, en la inspección y control de la instalación, consistente en que el Plan de Inspección y Control no dispone de un registro que detalle cuáles son las empresas sometidas al Plan». «Sin embargo, destacan que es un asunto que no tiene consecuencias para el seguimiento y control realizado sobre el vertedero de Zaldibar», ha añadido Medio Ambiente, que no ha remitido a los medios el informe completo.

Por último, ha apuntado que la firma auditora «aporta alguna sugerencia de mejora» sobre las inspecciones. «Por ejemplo, que la frecuencia se establezca de una manera más flexible en instalaciones como el vertedero de Zaldibar, mejor que fijar plazos de 1, 2 o 3 años en función de la valoración del riesgo, aumentando para ello la frecuencia de inspección; o que se concrete en todos los planes aplicables la obligación, en el caso de detectarse incumplimientos graves, de realizar una visita adicional de comprobación dentro de los seis meses siguientes, como ya se recoge en el Procedimiento para la inspección programada de Actividades IPPC», ha señalado.

Cabe recordar que la evolución de los informes ambientales de Lakua al vertedero de Zaldibar es demoledora: en cuatro años (2015-2019) había pasado de la máxima nota posible a la mínima. Sin embargo, el volumen de residuos siguió creciendo imparablemente (porcentualmente, más aún el amianto) sin que la Administración reevaluara impactos sobre el suelo ni abriera expediente.