Un acto en Errenteria ha denunciado que Jaureguizar ha dado un ultimátum a vecinos de viviendas de VPO para comuniquen su intención de comprar o no sus viviendas antes del 31 de mayo a pesar de que es plenamente consciente de que la mayoría no puede acceder a un préstamo bancario.

«Con la movilización social y el apoyo institucional, nos vamos a oponer a las demandas por finalización de los contratos que Jaureguizar pueda instar en los juzgados ponemos en valor que Errenteria y el territorio de Gipuzkoa se han declarado por resoluciones plenarias libres de desahucios instados por bancos, fondos de inversion y/o empresas», han destacado.

«Jaureguizar lanza este ultimátum cuando siguen abiertas las negociaciones con el Gobierno Vasco, en las que participa el Ayuntamiento, para continuar con los contratos protegidos durante diez años de los inquilinos-as que no pueden comprar las viviendas, recibiendo a cambio la subvención de 15.000 euros por vivienda que ofrece el Gobierno Vasco, en base a la orden 6319 del 7 de diciembre», han añadido.

«Incluso para los inquilinos-as que han podido manifestar su intención de comprar, el exiguo plazo del 31 de mayo dado para asegurar el pago del 20% del precio de tasación del inmueble y las condiciones del préstamo, en una situación de subida del Euribor, es totalmente insuficiente. En este sentido, el arrendador ha manifestado que hay, por ahora, quince viviendas dispuestas para su compra», han explicado.

«Estos burofaxes con acuse de recibo han creado una situación de ansiedad en estas familias modestas, incluso algunas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a un préstamo ni tampoco al alquiler privado, que no tienen alternativa habitacional, y pueden ser desahuciados si Jaureguizar interpone demandas por finalización de los contratos. Dos de ellas el martes comparecieron, junto con Stop Desahucios, ante la comisión de vivienda del Parlamento Vasco para explicar esta situación y requerir soluciones», han destacado.

«Tenemos que remarcar que el arrendador, por la venta de los quince inmuebles con un precio medio de venta de VPO de 156.000€, va a ingresar unos dos millones de euros, además de los ingresos obtenidos por el alquiler de estas viviendas durante quince años, que estableciendo una media de 400 euros le ha supuesto unos ingresos de amortización de las mismas de 72.000 euros por vivienda, además de los gastos de comunidad y el IBI, que han asumido durante todos estos años, y a añadir a la subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas más los anexos, dado por el Gobierno Vasco por la firma del Convenio en abril de 2007, consistente en 655.620,36 euros (16.390 euros por vivienda)», han señalado.

En la movilización han estado presentes inquilinos y las plataformas de VPO de Errenteria, Alokairu VPO de Benta Berri y Stop Desahucios, además de Cáritas Altza-Larratxo, sindicatos como CNT, ciudadanía y representantes de las Juntas Generales de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y concejales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE del Ayuntamiento de Errenteria.