El pleno del Congreso español ha dado luz verde al decreto ley que incluye las medidas para luchar contra la elevada inflación y paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania, entre ellas la supresión temporal del IVA para los alimentos de primera necesidad y la bajada del 10% al 5% en el aceite y la pasta, así como un cheque de 200 euros para hogares con rentas anuales de hasta 27.000 euros y la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia en 2023.

El decreto ha salido adelante con 175 votos a favor, 7 en contra (Junts y Teruel Existe) y 164 abstenciones (PP, Vox, Ciudadanos, ERC y BNG). Además, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que abre la puerta a introducir cambios vía enmienda.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender el decreto. Ha señalado que la situación «es compleja» y «quedan incertidumbres por despejar», pero ha asegurado que su Ejecutivo hará «lo que sea preciso para proteger a las familias y empresas mientras dure la guerra».

A su juicio, es difícil decir que no a este elenco de medidas salvo que se intente hacer daño al Gobierno, al tiempo que ha subrayado que van a evitar la política del miedo y trabajar para tener un país más justo.

Desde sus socios de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha destacado en que este decreto incluye medidas «de la dignidad» porque «protegen la vida de las personas», además de que «tratan de garantizar bienes básicos», por lo que deberían ser defendidas «por cualquier gobierno de cualquier color y cualquier representante que respete a su pueblo».

Discrepancias con el punto sobre las renovables

No obstante, a pesar de votar a favor desde algunos sectores de UP también han expresado sus discrepancias con el punto referido a la simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables. El diputado «morado» y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha advertido de que la nueva simplificación administrativa «obstaculizará» el desarrollo de las energías renovables con la eliminación la consideración ambiental para este tipo de energías.

En su opinión, con estos artículos del decreto lo que se hace es permitir que los «malos proyectos», es decir, aquellos que afecten negativamente al medio ambiente, «se cuelen y perjudican a lo que están haciendo las cosas bien».

Asimismo, este aspecto ha originado las críticas del diputado de ERC Joan Capdevila quien, no obstante, ha celebrado la ampliación hasta 2.000 metros de las redes de autoconsumo compartido, que supone la victoria de una «batalla, pero no la guerra», ya que el principal objetivo del grupo catalán para por una reforma íntegra de la ley del sector eléctrico.

Entre las críticas también se han encontrado las de Compromís, por considerar insuficientes las ayudas de 950 millones a la industria gasintensiva; y las de BNG y Junts por el crédito extraordinario de 2.000 millones de euros a favor de las liquidaciones del sector eléctrico, que a juicio de esas formaciones es un «oligopolio».

Por parte del PNV, aunque ha votado a favor, Idoia Sagastizabal ha planteado algunas dudas sobre la eliminación o reducción del IVA a ciertos alimentos, una medida que «no está focalizada en los mas vulnerables», «no está estudiada para reducir la desigualdad» y «beneficia a personas con rentas altas».

Oskar Matute (EH Bildu) ha hecho referencia a las «sombras» que incluye este decreto, como una reducción del IVA que «beneficia a los ricos» y «ensancha la grieta de desigualdad», por lo que ha pedido «que limiten el precio de determinados alimentos», o la relajación que se hace para dar luz verde a proyectos energéticos bajo el paraguas de las renovables. 

El PP ha dicho que está de acuerdo con la rebaja del IVA a los alimentos porque fue una de las cosas que propuso para frenar la elevada inflación, pero no ha votado a favor porque esperaba que esa reducción incluyera también la carne, el pescado y las conservas.