La Conselleria catalana de Interior abrirá, casi siete años después de que ocurrieran los hechos, un expediente a los seis agentes de los Mossos d'Esquadra que este jueves fueron condenados por torturar en 2016 a dos jóvenes que se saltaron un control policial, a los que ahora prevén imponer medidas cautelares contundentes.

En una sentencia notificada este 23 de marzo, la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 5 años y un mes de cárcel y 4 años de inhabilitación a seis agentes de los Mossos d'Esquadra que el 23 de abril de 2016 torturaron, agredieron, intimidaron y humillaron de forma «totalmente gratuita e injustificada» a dos jóvenes que huyeron de un control policial en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Según fuentes de la Conselleria de Interior citadas por Efe, a los seis agentes no se les había abierto hasta ahora ningún expediente por estos hechos, que ocurrieron en la etapa que el departamento estaba liderado por Jordi Jané.

De hecho, según las fuentes, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos, que se encarga de investigar las malas praxis dentro del cuerpo, no había tenido conocimiento de este caso hasta que ha trascendido la sentencia, pese a que la Conselleria de Interior ha figurado en el procedimiento como responsable civil subsidiaria.

De los seis mossos condenados, dos no están actualmente prestando servicio en la Policía catalana, ya que uno de ellos se encuentra de excedencia y el otro está suspendido de empleo y sueldo por otro caso, según las mismas fuentes.

Los otros cuatro agentes han seguido prestando servicio en el cuerpo durante todos estos años, sin que a ninguno de ellos –tampoco a los otros dos– se les haya abierto expediente ni se les aplicara alguna medida disciplinaria por este caso de torturas.

Una vez la Audiencia de Barcelona notifique oficialmente la sentencia a la Conselleria de Interior –probablemente este viernes–, se abrirá un expediente a los seis mossos condenados, a los que, cuando los servicios jurídicos hayan analizado la resolución, se les aplicarán medidas cautelares –porque la condena aún no es firme–, que se prevén contundentes.

En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona considera que en este caso concurren todos los elementos «para poder hablar de tortura», puesto que los agentes abusaron de su cargo, emplearon un «exceso de violencia inexplicable», castigaron físicamente a los dos jóvenes de forma «injustificada» cuando ya estaban reducidos y esposados, y les humillaron e intimidaron diciéndoles que les podrían matar y «no se enteraría nadie».

Delitos de torturas y de lesiones agravadas

Los hechos ocurrieron la noche del 23 de abril de 2016, cuando los seis agentes estaban haciendo un control de seguridad ciudadana en Cerdanyola del Vallès y un vehículo en el que iban dos jóvenes huyó de la zona, a unos 65 kilómetros por hora, y se inició una persecución en que su vehículo acabó impactando contra una estructura de hormigón.

Tras el accidente, según la Audiencia, los seis agentes que estaban en el control, «con ánimo de menoscabar la integridad física, psicológica y moral» de los dos chicos, que no ofrecían resistencia, les propinaron puñetazos y patadas en la cara, cabeza y cuerpo para castigarles por haber huido.

Además, les humillaron e intimidaron diciéndoles cosas como «os podríamos matar y aquí no se enteraría nadie», arrancando un altavoz pesado del maletero y dejándolo caer al suelo junto a ellos para causarles miedo y cortando uno de los cinturones del coche, con el que les golpearon usando la zona de la hebilla.

Debido a estos hechos, uno de los jóvenes sufrió un episodio de ansiedad y miedo severos, por los que en abril de ese año se le desencadenó un brote psicótico, mientras que el otro perdió el 90 % de la agudeza visual en un ojo y también requirió tratamiento psiquiátrico.

La Audiencia, que resalta la «parquedad sorprendente» con que la Fiscalía limitó su acusación a dos delitos de lesiones, atribuye a los seis mossos los delitos de torturas y de lesiones agravadas por imprudencia grave y por alevosía, por lo que impone a uno de los acusados 5 años y un mes de cárcel y 4 años de inhabilitación y a los otros cinco una pena de 4 años de cárcel y 4 de inhabilitación.

«La actuación fue conjunta, concordante y adhesiva, sumándose a la misma de manera escalonada a medida que llegaron al lugar, los acusados, que funcionaron con cierta distribución de funciones, preexistiendo un acuerdo tácito asumido en el acto por todos los presentes, dirigido a humillar, agredir y aterrorizar a los dos jóvenes, plausiblemente como represalia a su conducta previa», subraya la sentencia.