Tres asociaciones de defensa de los derechos humanos, La Cimade, Anafé y Gispi, secundarán a las familias de los tres jóvenes migrantes arrollados por el tren mientras pernoctaban en las vías a la altura de Ziburu, en una denuncia de la que forma parte igualmente la única persona que, aunque resultó gravemente herida, logró sobrevivir.

El grave accidente, ocurrido el 12 de octubre de 2021, se saldó, efectivamente, con tres personas fallecidas, mientras que una cuarta resultó herida.

La persona que sobrevivió al accidente, los familiares de las tres víctimas y las tres asociaciones ya citadas han registrado en el Tribunal de Baiona, con fecha de 15 de junio de 2023, una nueva denuncia que busca «reclamar transparencia y verdad» sobre un accidente ligado estrechamente a la política migratoria, ya que ese grupo de jóvenes se había detenido a descansar en el lugar tras haber logrado sortear los controles impuestos por la Policía francesa en la muga del Bidasoa.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana del 12 de octubre cuando el tren de cercanías procedente de Hendaia arrolló a ese grupo de personas, causando la muerte a tres de ellas y dejando herida grave a una cuarta.

Este último joven, ingresado de urgencia en el Hospital de Baiona, declaró a la Policía que, tras haber atravesado la muga, el grupo se refugió a esa altura de la vía, por ser una zona «poco frecuentada y oscura», a fin de evitar «los controles de la Policía».

Reconstruir la vida de las víctimas

Aunque no se dieron a conocer oficialmente los nombres de los fallecidos, que tenían 21, 23 y 30 años de edad, la escritora Marie Cosnay trazó tiempo después del accidente el recorrido vital de esas personas.

Gracias al testimonio de Cosnay recogido por el digital parisino ‘Médiapart’ la ciudadanía vasca, que denunció de inmediato en la calle lo ocurrido, pudo conocer que el migrante más joven se llamaba Mohamed Kema. Una segunda víctima fue identificada como Fayçal Hamadouche.

La escritora dio a su escrito el título de ‘Víctimas de la frontera vasca’, sumando su testimonio a las denuncias de las organizaciones de apoyo a los migrantes que a raíz del dramático suceso recordaron que «la seguridad de las fronteras no puede estar por encima de las vidas» y reclamaron la apertura de corredores seguros para que los migrantes que cruzan la muga puedan llegar en seguridad al refugio Pausa, en Baiona.

Archivo de la primera denuncia

Esa primera denuncia por el mortal accidente fue interpuesta por la persona herida, las familias de los tres fallecidos y las tres asociaciones, con fecha de 6 de diciembre de 2021.

Sin embargo, la Fiscalía de Baiona archivó esa primera denuncia «por homicidio involuntario», lo que lleva ahora a las víctimas y asociaciones civiles a constituirse como parte civil para tratar de sacar adelante una nueva denuncia que, desde ayer, está en manos de un juez instructor de Baiona.

Según han informado las asociaciones que apoyan a los afectados en una nota de prensa, estos aspiran a que esta investigación judicial «permita determinar el rol causal de las políticas de control de frontera» en el drama ocurrido a escasos 500 metros de la estación de tren lohizundarra.

Así, recuerdan que desde que reimplantaran los controles fronterizos internos, en 2015, las autoridades francesas «no cesan de renovar» esas restricciones a la libre circulación de personas a las que consagran «medios materiales, tecnológicos y humanos crecientes».

«Las autoridades responsables, en sus diferentes escalas, de esta política de ‘militarización’ de las fronteras no pueden ocultar que reforzando los obstáculos y los dispositivos de vigilancia y de control, contribuyen a la multiplicación de accidentes graves y de muertes, ya que las personas migrantes se ven obligadas a buscar vías de entrada cada vez más peligrosas para evitar su devolución (al otro lado de la frontera)», expresan las asociaciones en la nota emitida para dar cuenta de la nueva iniciativa para dar justicia a las víctimas del drama en Ziburu.

Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, las asociaciones han contabilizado «la muerte de al menos 12 personas en la frontera franco-española» a las que habría que sumar «otras personas heridas o desaparecidas».

De espaldas a la Corte Europea

Tal como recuerdan estos colectivos, la Corte Europea remarcó, en una decisión datada en abril de 2022, que esa reposición de los controles internos, que implica la suspensión del Tratado de Schengen, solo puede alargarse durante seis meses, «a no ser que concurra otra amenaza».

Sin embargo, lo cierto es que, desde que en enero de 2021 se cerraran por orden de la Prefectura de Pirineos Atlánticos una decena de pasos en Ipar Euskal Herria –cuatro de ellos siguen todavía hoy clausurados– las autoridades galas han renovado cada seis meses esa suspensión efectiva de una libre circulación de personas que es el pilar de la Unión Europea.

Para ello no han dudado en sumar a la denuncia de la «amenaza de la migración ilegal», otras amenazas, que van del yihadismo a las guerras en Mali o en Ucrania.

En su última comunicación a Bruselas esa no aplicación del Tratado de Schengen en la muga, París sumó una última motivación: la celebración de la Copa del Mundo de Rugby es el motivo aludido ahora por París para seguir con la clausura de varios pasos y los controles permanentes en la muga, al menos hasta octubre de 2023.

Habida cuenta de que en 2024 París acogerá los Juegos Olímpicos, el horizonte de una reapertura de la muga, con la que se ha especulado en los últimos meses, parece cuanto menos improbable.