«Analizar jurídicamente y solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud para la exclusión del lobo del catálogo Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial».

Esta es una de las medidas recogidas en el ‘Decálogo del compromiso de las administraciones de Euskadi con el Primer Sector’, presentado este miércoles la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien ha aseverado que, según «una persona experta reconocida», el nivel de protección del lobo «exagerado».

Cabe señalar que la propuesta sobre el lobo es una de las pocas medidas «específicas» recogidas en un documento de quince páginas en el que Lakua y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa abogan por la «flexibilización de la normativa comunitaria».

En concreto, apuestan por «trabajar con las administraciones competentes para lograr una aplicación de la normativa comunitaria que sea justa, flexible, y adaptada a las realidades específicas de Euskadi, que reduzca la carga burocrática y asegure que las producciones extracomunitarias cumplan con los mismos estándares europeos», algo que pasa por el «diálogo con autoridades europeas».

Además, proponen medidas de apoyo en la gestión de las ayudas, «simplificando y facilitando» la tramitación, manteniendo la tramitación presencial, la formación en el manejo del cuaderno de campo digital.

Sobre los programas de ayudas, se priorizará la explotación familia mediante la futura tramitación de una Ley de Agricultura Familiar, se implementarán medidas fiscales para quienes inviertan en mejoras y sostenibilidad, y se apoyará el desarrollo de la producción ecológica, «garantizando la formación y el asesoramiento oportunos».

En el tercer punto se «comprometen» al desarrollo de la Ley de Cadena Alimentaria, que es una norma estatal. Así, las administraciones de la CAV abogan por «desarrollar una implementación propia impulsando instrumentos de competencia propia como el Código de Buenas Prácticas y el Observatorio de Costes», lo que se traduce en medidas de sensibilización y formación.

Ni una palabra sobre los macroproyectos

Asimismo, el decálogo incluye un punto referido a la conservación y fomento del uso del suelo agrario. Llama la atención que en el mismo no se haga referencia a los proyectos de energías renovables previstos en los tres herrialdes, que han sido criticados por UAGA. En las movilizaciones de las últimas semanas, los agricultores también han cargado contra macroproyectos como el TAV.

Las instituciones se limitan a «mejorar la gestión agraria de los suelos agrarios públicos, alineándola con los objetivos de la Ley de Política Agraria y Alimentaria», sin dar más detalles al respecto; y a «fortalecer la influencia de las administraciones sectoriales en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo del País Vasco (COTPV), promoviendo criterios y medidas coordinadas para la protección y uso eficiente del suelo agrario».

Y anuncian que se «revisará el modelo de protección del suelo tomando como referencia el
sistema de la SAFER desarrollado en Francia para impulsar el fondo de suelo agrario orientado a nuevas explotaciones, y que puede tener especial relevancia en Rioja Alavesa».

Suelo público para fomentar el relevo generacional

El sexto punto está centrado en el relevo generacional, y entre las iniciativas recogidas en el mismo figuran la mejora del programa Gaztenek y la reserva de suelo público para jóvenes agricultores, «facilitando el acceso a tierras para aquellos que inician su actividad». A este respecto, se plantean programas de mentoría, para conectar a jóvenes y veteranos.

Tapia ha anunciado medidas de «refuerzo» de los seguros agrarios como «medida preventiva hasta asumir la transferencia de la competencia». Así, se creará una Mesa de Seguros Agrarios entre instituciones y organizaciones profesionales para «revisar y adaptar el sistema de seguros a la realidad específica de Euskadi».

Los últimos puntos del decálogo hacen referencia al uso de la tecnología, proponiendo el desarrollo de la conectividad a internet en zonas rurales; y el «empoderamiento» del primer sector mediante «un marco de gobernanza permanente y dinámico, utilizando como foro vertebrador la Comisión de Política Agraria y Alimentaria y de Desarrollo Rural».