Las trabajadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Iruñea han denunciado que sufren agresiones, amenazas y presiones mientras desarrollan su labor, una situación que también se da, según han señalado, en otras localidades navarras.

En una comparecencia en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Nafarroa, han explicado que en el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Iruñea durante 2024 se han notificado 28 partes a Prevención de Riesgos Laborales, «siendo solo la punta del iceberg».

Asimismo, en el albergue de personas sin hogar se han dado más de veinte situaciones de presión para el acceso al recurso. En este contexto, se ha grabado a una trabajadora sin su consentimiento y se ha difundido por un medio de comunicación.

Cuestionamiento

«Nos encontramos ante el cuestionamiento de nuestra labor a través de diferentes organismos, algunas entidades y la presión de algunas personas para poder acceder a diferentes recursos sin cumplir la normativa para ello», han expuesto.

Han añadido que el intercambio de diferentes puntos de vista es necesario, «pero no podemos avalar ni tolerar las faltas de respeto, ni las amenazas ni las presiones para acceder a un recurso u otro».

En este sentido, han relatado que han recibido presiones a través de visitas personales, llamadas o correos electrónicas, llegando a realizarse escraches ante oficinas municipales y el albergue de personas sin hogar.

Injerencias

Se han quejado también de que cada vez son más los agentes externos quienes valoran el grado de exclusión, por lo que han reclamado que se respete su criterio profesional. «Para realizar un diagnóstico médico hay que formarse para ello. Lo mismo debería suceder en el ámbito de los servicios sociales».

De este modo, 152 profesionales del trabajo social han firmado un manifiesto en el que reclaman que el acceso a los recursos no se base en criterios políticos sino en técnicos.

En el mismo destacan que en los últimos años se ha producido un incremento de la demanda de los servicios de atención por un aumento de la vulnerabilidad social. Mientras, los recursos son limitados y están sometidos a una gran presión, agravada por «la escalada de agresiones» que padecen las trabajadoras y el cuestionamiento de su imparcialidad mediante señalamientos.

«Estas acciones protagonizadas por algunas personas y determinados colectivos no solo dificultan nuestro trabajo, sino que también perjudican gravemente la calidad del acompañamiento que ofrecemos a quienes más lo necesitan», han destacado.

Las trabajadoras sociales también han criticado que acompañantes de personas que reclaman atención «se involucran en las intervenciones sociales, creando falsas expectativas y desplazando a las personas usuarias del centro de su proceso».

«Informaciones manipuladas» en medios

Junto a ello, han rechazado «informaciones manipuladas» publicadas en medios, que «han exagerado y tergiversado situaciones personales, lo que aumenta la frustración de las personas usuarias, afecta a la confianza en el sistema, pone en entredicho nuestra profesionalidad y dificulta a la larga nuestro trabajo diario». Medios de la derecha han publicado numerosos artículos sobre personas que no han sido atendidas en los recursos sociales del Ayuntamiento, incurriendo en el amarillismo.

Han explicado que el sistema está tensionado por el incremento de demandantese incoherencias entre las normativas del Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno navarro, por lo que han reclamado que se garanticen consensos en las políticas sociales, superando los enfrentamientos partidistas y basándose en criterios profesionales.

UPN pide la comparecencia de Mauleón

La reclamación de que esta cuestión no se convierta en objeto de enfrentamientos partidistas es una utopía que, de momento, no se cumple.

Tras conocerse la denuncia de las trabajadoras, UPN ha anunciado que pedirá la comparecencia del concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, «quien tiene mucho que explicar y mucho por lo que responder».

«A pesar de que nunca se ha gastado más dinero, el Área de Acción Social jamás ha estado en peor situación», ha señalado UPN, que ha avanzado que exigirá que «se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que pueden desarrollar su trabajo en total seguridad».