EH Bildu ha llevado al pleno del Parlamento de Gasteiz de este jueves una proposicón no de ley en la que pedía que se desarrolle de «forma inmediata» ese sistema de referencia índice de referencia de los precios del alquiler, para que se puedan aplicar plenamente la normativa de las zonas tensionadas, como se ha declarado en Errenteria. Lo que se ha aprobado ha sido la enmienda de PNV y PSE, que subraya «la necesaria colaboración entre las administraciones competentes» pero aunque los socios han votado unidos han mostrado sus diferencias sobre esta materia de política de vivienda.

Como ha destacado este medio, la Comunidad Autónoma Vasca sigue sin tener ese índice de referencia que tiene que fijar el Gobierno español pero para ello es necesario que previamente las haciendas forales faciliten los datos fiscales y catastrales, los pongan a disposición del Instituto Vasco de Estadística -Eustat-, que depende del Gobierno de Lakua, y toda esa información se envíe al Ministerio de Vivienda para que establezca esas referencias.

EH Bildu: «Bloqueo del PNV»

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha destacado que las diputaciones no avanzan en sus gestiones y ha denunciado que que detrás de este retraso y bloqueo «sólo hay razones políticas», de lo que ha responsabilizado directamente al PNV, que «se ha valido de su hegemonía en las diputaciones para bloquear todo lo que ha podido el proceso de creación del índice de precios. Es evidente que el PNV bloquea las políticas de regulación de los precios de los alquileres siempre que puede, ya sea votando contra la ley, recurriéndola u obstaculizando el desarrollo del índice en las diputaciones».

Astigarraga también ha criticado la actuación del PSE porque, a pesar de tener la responsabilidad de Vivienda en el Gobierno de Lakua, «en este caso no ha mostrado el nivel de ambición que requiere la resolución del problema de la vivienda. Interpelar a las diputaciones en declaraciones públicas, cuando tu propio partido forma parte de esas diputaciones, no es la gestión que cabe exigirle al Gobierno. Se puede hacer mucho más».

La propuesta de EH Bildu ha sido que ante este bloqueo sea el Gobierno autonómico, en colaboración con las diputaciones, el que asuma el liderazgo y la responsabilidad del proceso de creación del índice de precios de referencia.

Diferencias entre socios y «boicot mutuo»

PNV y PSE han votado conjuntamente en contra de esta propuesta, que sí ha recibido el apoyo del único parlamentario de Sumar. Pero en el debate han quedado manifiestas las diferencias entre los socios de gobierno.

Por una parte, el parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha criticado la Ley estatal de Vivienda que «quita competencias al País Vasco y debilita la capacidad de decisión en materia de vivienda de las instituciones vascas». «Es una ley que técnicamente también tiene carencias, echa a toda prisa y que no ha tenido en cuenta la pluralidad institucional del Estado», ha subrayado. Y ha añadido que el que se declaren zonas tensionadas o se establezcan límites a los precios de los alquileres «no solucionará los problemas porque es una medida transitoria».

Luego ha culpado a EH Bildu de que esta ley «olvidó que en el Estado hay cinco haciendas y que las haciendas vascas tienen un sistema de declaración de renta diferente del estatal, en el que no se recoge la misma información y de la misma manera que en el resto del Estado», lo que ha supuesto que las haciendas vascas «tengan que hacer un trabajo complejo de tratamiento de información». «Pero —en opinión del PNV– la culpa no es de las diputaciones , sino de quien hace una ley y se olvida de que existen los territorios históricos».

El otro socio, el PSE, ha defendido la ley que ha criticado el PNV. Su parlamentario Adrián Fernández ha asegurado que «el compromiso del Partido Socialista con la aplicación de la ley de vivienda y las zonas tensionadas es total», ya que aunque considera que «las zonas tensionadas no son una solución mágica que vaya a solucionar el problema de la vivienda de un plumazo, son un alivio fundamental para miles de familias que hoy están al límite por el precio de alquileres».

De momento la única localidad que ha sido declarada zona tensionada ha sido la de Errenteria, con alcaldesa de EH Bildu, y el parlamentario del PSE ha reconocido que «ha llegado coja», aunque se ha excusado en que «el compromiso del Gobierno es total» pero «es fundamental que cada administración haga el trabajo que le corresponde». Ha añadido que «las diputaciones deben proporcionar cuanto antes los datos fiscales y catastrales en su poder y prestar la máxima colaboración para que los índices puedan ser elaborados y publicados por el Ministerio a la mayor brevedad».

EH Bildu ha denunciado que «es muy grave porque muestra el actuar de dos partidos, del PNV y del PSE, que aunque cogobiernen en el Gobierno vasco y en las tres diputaciones juntos, son capaces de boicotearse mutuamente en aquellas cuestiones en las que difieren, como es el caso de la vivienda, generando ejecutivos totalmente ineficaces que, desgraciadamente, llegan a extremos como el de Errenteria».