La Audiencia Nacional española ha fijado el comienzo del juicio en el denominado caso de los «ongi etorri» para el 22 de junio de 2026, según el señalamiento que ha hecho público este tribunal. Está previsto que haya cuatro sesiones y que se prolongue hasta el 26 de junio.

En esta causa, la Fiscalía pide una pena de cinco años y siete meses de cárcel para Antton López Ruiz, Kai Saez de Egilaz, Pipe San Epifanio, Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia por organizar «ongi etorris» a represaliados vascos. Las acusaciones formuladas por Dignidad y Justicia, AVT y PP elevan la petición de penas hasta los nueve años.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se reclaman tres años y seis meses de prisión por «constitución y dirección de organización criminal» y dos años y un mes de cárcel por otro delito de «humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento».

La Fiscalía sostiene que «entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica Kalera Kalera dirigida por los acusados se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática ‘ongi etorris’ y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento».

Para el Ministerio Público, «la organización reiterada y sistemática de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA (...) produjo una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo de ETA».

«Esto es ‘lawfare’»

En una comparecencia en junio de 2024, los acusados y su defensa destacaron que no había delito alguno en la organización de los «ongi etorri» y calificaron su procesamiento de «lawfare» contra «el camino avanzado» en Euskal Herria.

De este modo, relataron que todas las denuncias formuladas por las asociaciones de víctimas se iban archivando hasta que la Guardia Civil irrumpió con la elaboración de un informe que «establecía una causa general en una estrategia política, violenta y criminal». La instrucción del juez Manuel García Castellón se ha basado en este informe del instituto armado.

«Se ha actuado entre los límites establecidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de varias sentencias. Es más, la jurisprudencia orienta a los tribunales a eliminarlo. Y no hay delito porque para que exista tiene que haber expresiones de violencia, y no las hay, ni directas ni indirectas», subrayó el abogado Aiert Larrarte.

«Pretenden dañar el camino avanzado en los últimos diez años mediante la criminalización y la represión, enrareciendo el ambiente y dificultando las relaciones políticas», destacaron Altuna y San Vicente, que recordaron que «hace años que no se realizan actos públicos de recibimiento a presos y presas. Entre otras cosas, porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, atendiendo a eso, así lo decidieron los propios presos y presas».