
Según informaciones difundidas este jueves por diarios del grupo Vocento y recogidas también por NAIZ, el Gobierno de Lakua presentó cuatro días tarde su escrito de alegaciones en contra del decreto urgente del Ejecutivo de Sánchez para establece los criterios de creación y autorización de nuevas universidades. El Departamento del consejero Juan Ignacio Pérez sostiene que dicho decreto invade competencias.
Después de muchas horas, el Departamento de Ciencia Universidades e Innovación ha hecho público un comunicado que titula con que la consejería «está en conversaciones con Madrid para abordar la reforma del Decreto de Universidades» y luego apunta que «las informaciones publicadas hoy en prensa en relación con los plazos de presentación de alegaciones no son correctas».
Según señala la nota, ese plazo de alegaciones era para «aquellas personas cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados, así como a las organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas que los representen y cuyos fines guarden relación con el objeto de la norma», pero no para el Gobierno autonómico. De hecho, asegura que «el Departamento podría haber omitido esa comunicación, y limitarse a presentarlas en la Conferencia General de Política Universitaria» pero lo hizo para que el Ministerio conociera su posición.
Esta afirmación no concuerda con las «explicaciones» que según los diarios de Vocento dio el Departamento cuando reconocieron y lo atribuyeron a un «malentendido» con las fechas y confiaron en que eso no anule los efectos de la documentación remitida al Gobierno español. Luego aseguraron que «en estos procedimientos de elaboración de disposiciones normativas, no se puede hablar de validez o no de las alegaciones, sino de que hayan de ser tenidas en cuenta por el órgano que elabora el reglamento».
Es más, en la sesión del Congreso de los Diputados del miércoles, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea criticó a la ministra de Universidades que seguía adelante con su decreto «sin responder a las alegaciones que se le han trasladado», y mencionó al Departamento de Juan Ignacio Pérez Iglesias.
Tanto PNV como EH Bildu sostuvieron que había una invasión de conpetencias y la ministra Diana Morant afirmó que «estoy segura de que estamos a tiempo para que estemos de acuerdo en el fondo y en la forma».
La diputada de EH Bildu, Marije Fullaondo, ha señalado este jueves en redes sociales que «ayer exigimos a la ministra que tomara en cuenta las reclamaciones por invasión competencial frente al decreto de Universidades. Se mostró dispuesta. Hoy sabemos que el Gobierno Vasco presentó fuera de plazo las alegaciones. Un despropósito. Trabajaremos para solucionarlo».
Malestar de Eneko Andueza
Cabe recordar que el consejero anunció el pasado viernes a su entrada en el Parlamento que se habían presentación las alegaciones y que un representante de su departamento las defendería ese mismo día en la reunión convocada por el Ministerio. A continuación, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, mostró su malestar porque el sector del Gobierno de su partido no hubiera sido informado de este paso y anunció que el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, pediría explicaciones en el Consejo de Gobierno del pasado martes.
Es día, en rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo apuntó que la reunión se había desarrollado con normalidad. María Ubarretxena insistió en que el Gobierno de Lakua ve que el decreto invade competencias de la CAV y añadió que que«todos» los consejeros del gabinete de Imanol Pradales, tanto los del PNV como los del PSE, confían en que la situación generada con el decreto de universidades del Ejecutivo central «se pueda reconducir» a través de un acuerdo previo a la aprobación de dicho texto.
En cuanto a las palabras de Eneko Andueza, la portavoz del Gobierno afirmó que en la reunión de este martes «nadie ha mencionado a ningún secretario general».
Segundo caso en poco tiempo
Cabe recordar que recientemente el Tribunal Supremo rechazó por haberlo presentado fuera de plazo el recurso del Gobierno de Lakua contra la sentencia del TSJPV que anula los artículos 18 y 33.5 el decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de la CAV.
En el pleno de control del pasado viernes, el parlamentario de EH Bildu Josu Astiria pidió explicaciones a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que en su respuesta insistió en que «no es verdad que el Gobierno Vasco no haya hecho su trabajo y no es verdad que el Gobierno haya cometido un error. Presentó el recurso de casación que ha sido rechazado porque ha habido interpretaciones distintas en los plazos para la presentación».
Astiria replicó que «hay que dejar de lado la interpretación del plazo y otras excusas y actuar con seriedad, porque los argumentos de una resolución pueden ser interpretables, pueden ser interpretables argumentos dentro de una dialéctica jurídica, pero los plazos no se interpretan; los plazos se cumplen, con rigor y como es debido. La primera regla de los abogados es apostar siempre por el plazo más estrecho cuando hay duda».
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno espetó al parlamentario de EH Bildu que «es una pena que la mayoría de las declaraciones sobre el euskara que hace su partido sea para poner en duda el trabajo de este gobierno y de las instituciones en lugar de poner la atención en el origen del problema, que es que dos partidos, PP y Vox, estén constantemente judicializando» el uso del euskara.
Nueva petición de explicaciones
La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha mostrado su preocupación por lo ocurrido por segunda vez y ha anunciado que exigirán explicaciones a la consejera María Ubarretxena. Ha declarado que «esto nos preocupa profundamente, porque revela un Gobierno que, además de debatir en público sobre si el decreto invade o no las competencias, tampoco es capaz de anticiparse ni de actuar a tiempo para defender los intereses del país».
Añade que «nos inquieta que PNV y PSE hayan desperdiciado el tiempo necesario para presentar las alegaciones, enfrascados en discusiones públicas que vuelven a evidenciar sus diferencias. No quisiéramos pensar que este retraso injustificado o “lapsus” temporal pueda responder a sus desavenencias públicas y, al parecer, intereses partidistas distintos».
En su nota verspertina, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación «desea subrayar que en ningún caso se debe utilizar este tema para hacer oportunismo político. El objetivo principal del Departamento es garantizar una regulación que respete nuestras competencias autonómicas y que fortalezca el sistema universitario, sin caer en confrontaciones que no aporten valor a la mejora de dicho sistema».
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