El Estado español ha remitido a los Estados miembros de la Unión Europea un nuevo documento para tratar de lograr la oficialidad del euskara, catalán y gallego en la UE, en el que reafirma el compromiso del Gobierno español para asumir los costes por la implementación de la oficialidad de las tres lenguas y en la que propone criterios «claros y estrictos» para evitar precedentes.

Tras adelantarlo el diario ‘La Vanguardia’, lo han confirmado a Efe fuentes diplomáticas de cara a la celebración el próximo viernes de un nuevo Consejo de Asuntos Generales de la UE, en el que se abordará nuevamente dicha cuestión tras solicitarlo el Estado español.

Este proceso empezó en 2023 y en septiembre de ese año se decidió retirar la votación alegando que el asunto no se había estudiado lo suficiente. En mayo de este año 2025 el Estado español tuvo que renunciar a la petición de votación de este tema.

Según precisan las fuentes, ninguna otra lengua en la UE cumple simultáneamente los siete requisitos que Madrid propone, como el origen histórico; el carácter oficial en el ordenamiento constitucional del Estado miembro solicitante durante más de 40 años ininterrumpidos, o lo que sea lengua de trabajo del poder legislativo del Estado miembro solicitante.

Los otros requisitos es que tenga uso oficial en las instituciones de la UE durante casi 20 años; su uso en la legislación, incluida la legislación de transposición y aplicación del Derecho de la Unión, elaborada de los Tratados a la lengua depositada en los archivos del Consejo hace más de doce años; y la disposición del Estado miembro solicitante a asumir todos los costes.

El Estado español insiste de nuevo en que el reconocimiento del euskara, el catalán y el gallego como lenguas oficiales de la UE es «fundamental para España y su identidad nacional multilingüe, que la Unión debe respetar» y apela a los artículos 3.3. y 4.2. del Tratado de la Unión Europea (TUE), sobre el respeto a la igualdad e identidades nacionales, entre otros asuntos.

Asimismo, remarca que desde septiembre de 2023 este estado ha colaborado «estrechamente con todos los Estados miembros a todos los niveles» para presentar «una propuesta inclusiva» que «no afecte al resto de la Unión».

«Los 20 millones de ciudadanos europeos que viven en territorios donde estas lenguas son oficiales al mismo nivel que el español merecen el mismo reconocimiento que los demás ciudadanos de la UE con más de una lengua oficial», insiste el Estado español en el texto.

El modelo irlandés

La propuesta española para «el pleno reconocimiento» de las tres lenguas cooficiales del Estado se ampara en «la secuencia seguida para el reconocimiento del irlandés en 2005», cuando se adoptaron, señala, «unas conclusiones sobre el uso de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la UE y su papel en el fortalecimiento de la identificación de los ciudadanos con el proyecto comunitario».

«Será necesaria una nueva decisión unánime del Consejo para extender la aplicación de la propuesta más allá de la traducción de los Reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, que comenzaría en 2027 y que, de hecho, ya estaba prevista en el acuerdo administrativo que España firmó con el Consejo hace casi 20 años», añade el escrito.

También incide en que la oficialidad de estas lenguas ya estaba prevista en la Constitución española antes del inicio de las negociaciones formales de adhesión del Estado español a la UE en 1985.