El juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha rechazado el recurso presentado por EH Bildu en febrero de 2024 contra el sobreseimiento de la querella original interpuesta por la Diputación de Gipuzkoa en 2014 gobernada entonces por Bildu por la presunta malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en la construcción de la AP-1 y que se cerró tras nueve años sin avances en la investigación.

Esta primera querella se presentó en 2014 y está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1. 

Fue ampliada en abril de 2015 al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki. En total, el Gobierno foral de Bildu calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.

El fallo del juzgado de Azpeitia, fechado el 6 de octubre, afirma que, según la documentación presentada, «no puede sostenerse la existencia de una desviación de dinero público mediante sobreprecios que pudiera sustentar una acusación por delito de malversación de caudales públicos, ni la existencia de indicios de un delito de falsificación de documentos».

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado de Azpeitia en el plazo de 3 días desde su notificación así como recurso de apelación.

La diputada general de Gipuzkoa, la jeltzale Eider Mendoza, ha señalado en declaraciones a Euskadi Irratia que el fallo le ha provocado una sensación «agridulce» ya que, por un lado, «sabía» que el caso sería sobreseído porque la institución foral «hizo bien las cosas», pero por otra parte, ha lamentado que la causa «se ha prolongado mucho tiempo» y ha provocado «mucho sufrimiento a muchas personas».

Mendoza ha pedido a la izquierda abertzale que abandone «esta manera de hacer política, que va en contra de las personas, y haga lo que se merece» la ciudadanía.

En ‘caso Bidegi’ sigue en los tribunales, ya que la Audiencia de Gipuzkoa ordenó en febrero reabrir la investigación de la segunda querella por presuntos pagos por obras falsas en la AP-1, que se había cerrado en falso sin realizar siquiera el informe pericial.