La jueza Ketanji Brown Jackson ha emitido una «suspensión administrativa», que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden expresada por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir 4.000 millones de dólares antes de que terminara el viernes para garantizar los pagos completos del mes de noviembre.

La jueza Brown Jackson es la encargada de revisar las apelaciones de emergencia, y, la decisión temporal, otorga tiempo adicional al tribunal de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al Gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación.

La decisión de la jueza deja en incertidumbre a 40 millones de beneficiaros que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas. De todos modos, el Departamento de Agricultura había informado previamente que, mientras continuara la disputa judicial, utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales a los hogares inscritos en el SNAP.

El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país, que ha afectado al financiamiento de varios programas sociales y a la operatividad de agencias federales.

La suspensión directa de la distribución de ayuda alimentaria llega después de que el Gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia, acudiera al Supremo para revertir la orden judicial anterior bajo el criterio de que no pueden ejecutar fondos mientras el Congreso no haya asignado los mismos.