Abando Habitable ha denunciado el estado de abandono en que se encuentra la parcela de la antigua escuela universitaria de magisterio Begoñako Andra Mari (BAM) en la que el Obispado de Bilbo y Mutualia tienen pensado establecer sus sedes. La quiebra de la constructora Murias en marzo de 2024, paralizó todo el proyecto y la parcela ha quedado vallada pero en estado de abandono.

«Sin actividad desde marzo de 2024, la parcela propiedad del Obispado de Bilbao y Mutualia se encuentra en un estado de degradación creciente. Supone un peligro para la seguridad del vecindario. A las quejas vecinales por el avistamiento de ratas en los alrededores se suma al deterioro de las vallas y elementos de la obra», señalan desde la asociación vecinal.

Según han explicado, en junio se discutió en el Pleno del distrito de Abando el mal estado de las aceras modificadas y el borrado por desgaste de la pintura de obra y, más recientemente, la asociación vecinal ha denunciado la rotura y deformación de una de las barandillas de protección. Así, Abando Habitable asegura que el Ayuntamiento ha requerido al Obispado que en 15 días la repare y que limpie además la parcela. «Si no cumple, se le impondrá una multa de 600 euros», señala.

Además, en septiembre el Ayuntamiento de Bilbo, viendo la paralización total de las obras, denegó al Obispado la prórroga de la licencia de obra otorgada a finales de 2021 y ordenó que en el plazo máximo de tres meses proceda a restituir la urbanización al estado original. El plazo acaba el 15 de diciembre.

Concretamente, señalaba que el Obispado deberá «eliminar los recrecidos provisionales, retirar las barandillas, reponer aceras, aparcamientos y pintados de líneas, etc», así como mejorar el cierre del solar garantizando «su conservación en buen estado».

La asociación vecinal Abando Habitable actualiza cada día una cuenta atrás en la valla de obra con los días que le quedan para que el Obispado cumpla con la resolución municipal.

Abando Habitable ha convocado una concentración de protesta el 11 de diciembre «para exigir que el Obispado cumpla la resolución municipal, en su defecto, que el Ayuntamiento intervenga para asegurar el cumplimiento de la ley».