Erkoreka niega al Parlamento datos sobre controles que Beltrán de Heredia sí daba
El consejero Josu Erkoreka ha negado al Parlamento, alegando «riesgos para la seguridad y labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», estadísiticas sobre controles instalados en las carreteras de la CAV que su antecesora, Estefanía Beltrán de Heredia, remitía sin ningún problema.
En 2017 la Guardia Civil puso 1.646 controles en las carreteras de la CAV y la Policía española, 4. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, remitió al Parlamento los datos distribuidos por meses e incluso en qué localidad se instaló cada uno de ellos. Lo mismo hizo con los datos 2018, cuando los controles fueron ya solo 50, o del primer semestre de 2019, cuando fueron 18, en diez municipios distintos.
A primeros de 2021, el parlamentario Julen Arzuaga preguntó al nuevo consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, por la estadística de controles de las FSE durante el segundo semestre de 2019 y todo el 2020. Pero la respuesta se limitó a que desde el 1 de julio de 2020 se habían instalado 59. Arzuaga volvió a pedir la información requerida, en los mismos términos en los que los enviaba al Parlamento la predecesora de Erkoreka.
La respuesta ha sido que enviar al Parlamento los datos como lo hacía Estefanía Beltrán de Heredia «podría suponer un riesgo para la seguridad y labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes».
Josu Erkoreka añade que, por ello, «se ha dado traslado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma a los efectos de someter a su consideración la petición cursada por su Señoría».
Estefanía Beltrán de Heredia solía precisar también los motivos oficiales por los que se habían colocado los controles y cuántos habían sido comunicados a la Ertzaintza o los había detectado la Policía autonómica sin información previa.
Como ejemplo, junto a estas líneas puede encontrarse el PDF de la respuesta remitida por Estefanía Beltrán de Heredia al Parlamento sobre controles de las FSE en 2017.
Ninguneo de Madrid
El rigorismo seguritario de Josu Erkoreka contrasta con el trato que el Gobierno de Lakua recibe del español. En respuestas parlamentarias anteriores, el consejero ha reconocido que las FSE niegan información a la Ertzaintza y aseguró que en la reunión del 26 de febrero con el ministro Fernando Grande-Marlaska en Gasteiz, le recordó la obligación de hacerlo.
Pese a este requerimiento, que se tratará en la próxima reunión de la Junta de Seguridad, el 10 de marzo la Guardia Civil montó otro control en Laudio, sin avisar a la Policía autonómica. Josu Erkoreka respondió al Parlamento que ya había comunicado a la Delegación del Gobierno el incumplimiento de la obligación de comunicar.
Por otra parte, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntó al Gobierno español por esta no comunicación de controles. La respuesta del Ministerio de Interior fue que los operativos de las FSE se dividen en Dispositivos Operativos Reactivos en Vía Pública (DORPV ) y Punto de Verificación Fiscal (PVF).
Según Madrid, «los DORPV sí se comunican a las autoridades autonómicas, dentro de las medidas de coordinación establecida. Los PVF no se comunican, ya que los mismos son realizados en el ejercicio de las competencias específicamente asignadas a la Guardia Civil». La respuesta explica que «el fin de los mismos es la vigilancia fiscal contra el contrabando de géneros ilícitos y drogas. Estos puntos de verificación se realizaron en diferentes puntos y zonas de interés operativo dentro de la demarcación del País Vasco».
La respuesta del Gobierno español parece ningunear al Ejecutivo autonómico.