Las negociaciones previas a Aiete: del alto el fuego general a la «hoja de ruta resultante»

En respuesta a la Declaración de Bruselas y a la de Gernika, ETA declaró un alto el fuego permanente, general y verificable el 10 de enero de 2011, mientras entre bambalinas las cosas cogían velocidad de crucero. Ese mismo mes se produjo un encuentro directo, en territorio francés, entre un delegado de ETA y otro del Henry Dunant Centre (HDC).

ETA reconocía el papel del HDC como puente con el Gobierno español, y el representante del centro llevaba también un mensaje del Ejecutivo de Zapatero de que no habría contactos directos como en procesos anteriores, pero que el Ejecutivo reconocía al HDC como intermediario, como único intermediario, para ser más precisos.

En el encuentro se habló, entre otras cuestiones, de la constitución de una Comisión de Verificación –inicialmente para el alto el fuego, aunque luego adquiriría otras funciones– y de la posibilidad de que una delegación de ETA se desplazara a Suiza o Noruega, algo que en todo caso tendría que autorizar el Gobierno español. Se abría la puerta a hablar de una hoja de ruta.

En este contexto, pocas semanas después, ETA reforzaba su posición al precisar aún más el alcance del alto el fuego mediante una carta enviada a los empresarios. Un alto el fuego que era punto de partida ineludible para garantizar la implicación internacional, por un lado, y facilitar la actividad política que desplegaba ya la izquierda abertzale, por otro. En febrero se presentaron los estatutos de Sortu para su legalización, y el soberanismo de izquierdas se aprestaba a concurrir a las elecciones de mayo con la nueva marca de Bildu, en ambos casos con el ánimo de sortear los obstáculos que esperaban en los tribunales españoles.

La petición de las declaraciones de Bruselas y Gernika demandaba que el alto el fuego fuera permanente y verificable, pero ETA sumó el concepto de «general»

La organización armada envió a las patronales vascas –Confebask y CEN– sendas cartas en las que informaba de la cancelación del ‘impuesto revolucionario’. La petición de las declaraciones de Bruselas y Gernika demandaba que el alto el fuego fuera permanente y verificable, pero ETA sumó el concepto de «general». Esta es la explicación que se puede encontrar en el libro ‘El desarme. La vía vasca’ a este respecto: «La misiva a los empresarios explicitaba ese concepto, pues era la primera vez que ETA cancelaba esta actividad, que había mantenido en todas sus anteriores treguas. La decisión tuvo un eco mediático extraordinario, ya que era una práctica que habían utilizado todos los grupos armados vascos en su historia reciente, incluso los insurgentes del siglo XIX en las confrontaciones dinásticas. La cancelación del impuesto revolucionario fue dada a conocer en rueda de prensa por los propios empresarios; en concreto, por los representantes del CEN, lo que aún dio mayor eco a la noticia».

Grupo de Contacto y Comisión de Verificación

La arquitectura para el proceso pasó por la constitución de dos grupos de trabajo internacionales, que siempre dejarían resguardado, sin trascendencia pública, al Centro Henry Dunant.

En febrero de 2011 se dio a conocer la composición del Grupo Internacional de Contacto, surgido el año anterior al calor de la Declaración de Bruselas, de la mano Brian Currin y compuesto por otras cinco personalidades: Silvia Casale, criminóloga británica, consultora independiente de prisiones y expresidenta del Comité Europeo contra la Tortura; Pierre Hazan, especialista en Justicia Transicional; Raymond Kendall, presidente honorario de Interpol y su secretario general entre 1985 y 2000; Nuala O’Loan, que ejerció de ombudswoman (defensora del pueblo) de la Policía como consecuencia de los Acuerdos de Viernes Santo; y Alberto Spektorowski, asesor del ministro de Defensa de Israel en las negociaciones de Camp David del año 2000.

Su objetivo era contribuir al proceso de soluciones, para lo que desplegó una importante agenda de contactos con distintos agentes vascos, al mismo tiempo que hacía pronunciamientos sobre las cuestiones que consideraba imprescindible que se abordasen para avanzar hacia la paz.

La segunda estructura internacional, configurada en verano de 2011 y presentada en setiembre, fue la Comisión Internacional de Verificación, liderada por Ram Manikkalingam, asesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los tamiles. La comisión también contó con: Ronnie Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica; Raymond Kendall, que se incorporaba al mismo para ser la transmisión del GIC; Christopher Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y exjefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte; Satish Nambiar, exvicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la India, y Fleur Ravensbergen, subdirectora del Dialogue Advisory Group.

En sus primeras visitas a Euskal Herria, realizadas en julio y agosto, la CIV mantuvo encuentros bilaterales con numerosos agentes, entre ellos las asociaciones de empresarios y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, además de con partidos políticos y la Iglesia católica, entre otros, y no tuvo mayores problemas en verificar que el alto el fuego era e iba ser respetado.

Con el tiempo, los acontecimientos hicieron que su función evolucionara, con el final de la lucha armada, primero, y con el proceso de desarme, después. En ese tránsito mantuvo reuniones con ETA en Noruega y siguió en contacto con diferentes agentes vascos. A medida que avanzaba su labor, Manikkalingam dio especial importancia a su relación con el Gobierno de Urkullu. Quería cierta cobertura institucional, y no le faltaba razón, porque en un momento determinado, en 2014, tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por participar en el comienzo del inventario y sellado de las armas de ETA. No tuvieron la red necesaria, menos aún a partir de la llegada del PP al Gobierno.

Inicialmente el Gobierno de Zapatero trasladó a la Comisión Internacional de Verificación que la aceptaba y no obstaculizarían su labor, aunque no mantendría relación directa con ella. Después, con motivo del desarme, fue perseguida

Sin embargo, en aquellos primeros compases, se reunieron con Eduardo Madina, que entonces era secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento español. Transmitió a los verificadores que el Gobierno de Zapatero era consciente de que existía una nueva situación respecto a ETA, aunque reiteraba que el Ejecutivo no iba a entrar en contacto directo con ETA, ni tampoco con la CIV. La aceptaba y no obstaculizarían su labor, pero no mantendría relación con ella. Ese fue el mensaje. Algunas fuentes aseguran que sí existió un contacto con el equipo de Rubalcaba, pero en todo caso no se abrió un canal directo con el Gobierno, más allá de la relación con Madina que tampoco tardó en desaparecer como intermediario.

La negociación a través del Centro Henry Dunant

El canal entre ETA y el Gobierno español estaba establecido por el HDC, y por ahí se confeccionó una completa hoja de ruta que llegaba hasta Aiete e iba mucho más allá. El método no era sencillo. El centro mostraba un borrador a una de las partes y, con las anotaciones, enmiendas y tachones de esta, iba donde la otra parte, para seguir recibiendo anotaciones, enmiendas y tachones. Para reunirse con el equipo de Rubalcaba, iba a Madrid; para llegar a ETA, o bien utilizaba intermediarios o bien concertaba citas clandestinas en territorio francés. Esas citas se celebraron durante el verano de 2011, y tuvieron que sortear incluso dispositivos policiales.

Al final, el HDC elaboró un último documento como guía de la nueva fase del proceso que se iniciaba, con algunos puntos ya en marcha, y con otros sujetados con alfileres. Ese documento acordado se conocerá como «hoja de ruta resultante».

Conformar la interlocución con Urrutikoetxea y un cuarto integrante

Josu Urrutikoetxea acudió a Noruega poco después de que llegaran Iratxe Sorzabal y David Pla. A estos dos se les atribuye la lectura de la declaración del 20 de octubre de final de la lucha armada, así como haber mantenido los contactos con los facilitadores internacionales para la elaboración de una hoja de ruta.

Urrutikoetxea estaba fuera de circuito desde que abandonara la mesa de negociaciones con el Gobierno de Zapatero en 2006, pero fue requerido de nuevo en aquel ajetreado verano de 2011 para conformar el equipo de interlocución. Urrutikoetxea contaba con un gran predicamento entre los mediadores internacionales y, ante un posible diálogo con representantes de los gobiernos español y francés, representaba también una referencia histórica muy nítida para todo el mundo.

Urrutikoetxea vive hoy en día en Angelu, aunque no en plena libertad, pues sigue peleando contra diferentes causas. En el Estado francés se ha desmoronado una, precisamente relacionada con su estancia en Oslo. Condenado en rebeldía a ocho años de prisión en 2017, ahora los jueces acaban de determinar que negociar no puede equipararse a un delito. Le queda por conocer la sentencia de otro juicio recientemente celebrado en París.

Al margen de su situación en el Estado francés, los tribunales españoles le persiguen por dos causas, después de que hayan decaído otras dos. Lo importante en este caso parece que es condenarlo, aunque para ello hayan llegado a inventar cosas inverosímiles, como que Urrutikoetxea participara en un atentado de una organización a la que nunca perteneció (ETA-pm). Esa acusación ha decaído recientemente. En todo caso, el Estado español le considera un trofeo que debe cobrarse.

Otro dato no muy conocido respecto a la interlocución de la parte vasca es que estaba previsto que la misma estuviera compuesta por cuatro personas. Así se previó en los preparativos antes de Aiete. Ese cuarto componente se incorporaría cuando se estabilizara el marco de diálogo. Al parecer, podría ser otro miembro histórico de la organización, en situación plenamente legal tras cumplir condena hace ya unos años. La falta de palabra del Gobierno español impidió que la mesa se constituyera y que existiera la mínima garantía de seguridad para que ese desconocido cuarto interlocutor pudiera viajar a Noruega.

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