Reclaman los derechos de sus familiares presos, afectados por la pugna entre Lakua y sindicatos

Un grupo de familiares de personas presas en Zaballa se han concentrado este sábado en las inmediaciones de la cárcel para reclamar que se garanticen los derechos de los presos y presas, afectados por el conflicto abierto entre Lakua y los funcionarios de prisiones.

Un grupo de familiares y allegados se ha concentrado en las inmediaciones de la prisión de Zaballa para exigir que se respeten los derechos de los presos y presas.

La concentración tiene por objeto denunciar los perjuicios que están sufriendo los presos y presas por la falta de personal. De hecho, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo ha pedido que se investigue si los trabajadores de la prisión están llevando a cabo una huelga encubierta por el alto número de bajas.

La situación, que llevó a la suspensión de las comunicaciones de los presos con sus familiares y abogados, se empezó a normalizar este viernes con la contratación de diez interinos, que se verán reforzados a partir del lunes con otros 22.

Noemí, familiar de un preso, ha lamentado que aunque se han empezado a retomar los vis a vis estos se están haciendo en menor número que antes de que comenzara esta situación, a principios de mes, y que los presos tampoco están recibiendo paquetes, entre otros problemas.

Conflicto entre Lakua y los funcionarios

Salhaketa denunció este viernes que desde el pasado día 17 de diciembre las personas presas en Zaballa están sufriendo numerosas privaciones y restricciones.

«Un plante protagonizado por el funcionariado les está impidiendo ejercer su derecho a la educación, a la defensa, a las comunicaciones con el exterior, a la salud …. No hay comunicaciones, ni siquiera por videoconferencia, ni vises, ni con la abogacía, el módulo sociocultural está cerrado, no hay escuela, ni demandadero, ni entrega de paquetes, ni servicio de farmacia...», señaló la asociación, que advirtió de que el conflicto abierto «es consecuencia de una transferencia que no es capaz de garantizar ni los derechos de las personas presas ni las condiciones laborales del funcionariado».

«Hay un funcionario por cada dos personas presas, habiendo solicitado muchos de ellos el traslado a otras prisiones, lo que agudizará todavía más la falta de personal. A ello se une la falta estructural de personal técnico: educadores, psicólogos, juristas ... y el descabezamientode Aukerak y la falta de implementación de formación laboral de calidad», añadió.

Y remarcó que «este conflicto no puede tomar como rehenes a las personas presas y hacer que paguen las consecuencias de la nefasta gestión del Gobierno Vasco». «Proponemos a la Administración penitenciaria vasca que ante esta insostenible situación, acuerde la aplicación inmediata de medidas de semilibertad, tal y como ha sucedido en países de nuestro entorno recientemente», manifestó.